El uso de filtros avanzados evitaría más de 2,600 muertes y 7,000 casos de cáncer de vejiga al año.
Un nuevo estudio científico abre una ventana de esperanza frente a uno de los mayores problemas ambientales de Estados Unidos: los químicos eternos, conocidos como PFAS. Estos compuestos sintéticos, presentes en todo tipo de productos y resistentes a la degradación, han sido vinculados a cáncer, desórdenes hormonales y retrasos en el desarrollo. Se estima que casi la mitad del agua del grifo en el país contiene al menos uno de ellos.
La investigación, publicada en la revista ACS ES&T Water, confirma que los sistemas de filtración diseñados para eliminar PFAS no solo cumplen con ese objetivo: también reducen significativamente otros contaminantes peligrosos, incluidos subproductos del proceso de desinfección del agua que, paradójicamente, pueden ser cancerígenos. En promedio, los niveles de trihalometanos bajaron 42% y los de ácidos haloacéticos 50% tras la instalación de estas tecnologías en 19 sistemas de agua estudiados.
El hallazgo cobra relevancia en medio de un cambio regulatorio. La administración Trump revisa las normas que, bajo Biden, fijaron por primera vez límites legales a seis tipos de PFAS y obligaron a las empresas de agua a cumplirlos para 2029. Ahora, la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) extendió el plazo dos años y anunció que reconsiderará los estándares para cuatro de esos químicos, tras las quejas de los operadores por los altos costos de implementación.
La paradoja es clara: lo que para las compañías es un gasto, para la salud pública puede ser una inversión. La propia EPA estimó en 2024 que el uso de filtros avanzados evitaría más de 2,600 muertes y 7,000 casos de cáncer de vejiga al año gracias a la reducción de subproductos tóxicos.
Sin embargo, el acceso a esta tecnología es profundamente desigual. Mientras casi un tercio de los grandes sistemas de agua ya cuenta con filtración avanzada, apenas el 7% de los pequeños —que suelen abastecer a comunidades rurales— dispone de ella. Y los costos terminan trasladándose a los consumidores, con facturas que en algunos lugares se han disparado.
Los expertos advierten que más allá de la ciencia, la pregunta es política: ¿quién pagará por el agua limpia? Para algunos ingenieros, el estudio confirma lo que se sospechaba: atacar los PFAS trae beneficios colaterales. Pero también subraya las brechas entre laboratorios y la realidad operativa de las plantas, donde factores como la estacionalidad, nuevas fuentes de contaminación o incluso el cambio climático alteran los resultados.
La investigación abre un camino prometedor: la tecnología existe, los beneficios son medibles y los riesgos de la inacción son enormes. La incógnita, como siempre, está en la voluntad de convertir la evidencia en política pública.
