El Departamento de Finanzas de California estima que la elección especial costará 251 millones de dólares.
El debate sobre la Proposición 50, la medida impulsada por el gobernador Gavin Newsom para redibujar temporalmente los distritos del Congreso en California, ha encendido una batalla política en Kern County. La Junta de Supervisores planea aprobar una resolución formal de oposición, alineándose con las críticas más duras contra lo que consideran un intento de manipulación electoral disfrazado de reforma.
El asunto salió a la mesa el 9 de septiembre, cuando el supervisor Phillip Peters pidió que se incluyera de nuevo en la agenda para emitir una postura oficial. Peters acusó a Newsom de ignorar la voluntad de los contribuyentes y de usar la redistribución como un “juego de suma cero” para beneficiar a los demócratas. “Esto es la definición de manual de elecciones no libres ni justas”, declaró.
La medida, que será sometida a votación especial el 4 de noviembre, propone sustituir el mapa creado por la comisión ciudadana independiente por uno diseñado por la Legislatura estatal, aplicable entre 2026 y 2030. En la práctica, podría otorgar hasta cinco escaños adicionales a los demócratas en la Cámara de Representantes, reduciendo aún más la presencia republicana en el estado.
Un sondeo realizado el 15 y 16 de septiembre reveló que la propuesta mantiene una leve ventaja: 51% de los votantes planea aprobarla. Para sus opositores, entre ellos la Junta de Kern, ese margen no resta gravedad al precedente que podría sentar.
Más allá del choque ideológico, la medida implica costos concretos. El Departamento de Finanzas de California estima que la elección especial costará 251 millones de dólares en todo el estado, de los cuales 3.18 millones corresponderían a Kern County. Además, la aprobación obligaría a redibujar distritos locales, ajustar casillas, actualizar información de votantes y desplegar nuevas campañas de difusión.
Mientras tanto, los supervisores del condado buscan dejar clara su posición antes de que los electores decidan. El martes, Kern County se perfila para convertirse en uno de los primeros gobiernos locales en declarar su rechazo abierto a la Proposición 50, en una pugna que refleja el pulso entre Sacramento y los condados del interior sobre quién debe trazar las líneas que definirán el poder político de California en la próxima década.
