Si subir el costo de emplear personas empuja a automatizar más rápido, los trabajadores con menor productividad relativa quedarían en desventaja en la contratación.
Ante el Comité de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado, la investigadora Rachel U. Greszler trazó un mapa del mercado laboral de 2025 y planteó una pregunta incómoda: cómo proteger a los trabajadores en una economía que ya no se parece a la de los años cincuenta. Su punto de partida es claro. La prioridad de siempre sigue vigente, buenos empleos y movilidad social, pero cambió el terreno de juego con la digitalización, la contratación independiente, el trabajo remoto y la irrupción de la inteligencia artificial. Con sindicatos en mínimos históricos y beneficios más flexibles en muchas empresas, las leyes, dice, se quedaron en otra época.
Greszler advierte que dos propuestas en boga podrían tener efectos opuestos a los prometidos. El Faster Labor Contracts Act acelera por ley la firma del primer contrato colectivo mediante plazos rígidos, mediación y arbitraje vinculante. La autora sostiene que esos tiempos uniformes pueden forzar acuerdos peor diseñados, desplazar el poder de trabajadores y empleadores hacia árbitros designados y politizar lo que antes dependía de la negociación y del voto de ratificación. También alerta que la ventana para huelgas se acorta de forma artificial y que, al involucrar al Estado en la imposición de términos, se abriría la puerta a litigios sobre libertad de asociación que, en los hechos, aproximen un estándar nacional de “derecho al trabajo”.
El Warehouse Worker Protection Act busca frenar abusos de cuotas y mejorar seguridad en almacenes. Incluye transparencia sobre métricas, prohibiciones que protegen descansos y consultas médicas laborales. Para Greszler, el riesgo es otro. Si subir el costo de emplear personas empuja a automatizar más rápido, los trabajadores con menor productividad relativa quedarían en desventaja en la contratación. Además, regular procesos específicos podría volver ineficientes operaciones que cambian a gran velocidad y crear un precedente de intervención sector por sector. Si el criterio es el índice de lesiones, recuerda, hay varias industrias con tasas iguales o mayores, lo que llevaría a una expansión regulatoria difícil de sostener.
Como alternativa, propone modernizar el andamiaje laboral con un paquete “pro trabajador y pro empleador”. El eje es el Employee Rights Act, que blinda la figura del contratista independiente con una definición más clara y uniforme, preserva el voto secreto en elecciones sindicales, limita el uso de datos personales, exige consentimiento expreso para destinar cuotas a política y permite que quienes no quieran ser representados opten por otra vía donde la ley estatal lo permite. A ello suma iniciativas para facilitar beneficios y ahorro a independientes, ampliar la compra asociada de seguros de salud, permitir alzas por mérito en empresas con contrato colectivo y reforzar la participación electoral en procesos de sindicalización.
El diagnóstico es nítido. La economía de plataformas, la IA y la búsqueda de flexibilidad exigen reglas que acompañen la innovación sin suplantar la negociación. Para Greszler, la intervención pesada con cronogramas y micromandos operativos sacrifica elección individual, frena productividad y termina castigando salarios. La ruta que defiende se resume en actualizar derechos y salvaguardas para que la colaboración entre empleados y empleadores vuelva a ser la herramienta principal.
