Durante años, desde Estados Unidos se intentó imponer la idea de que la transición médica de menores era un “consenso científico” incuestionable y que cualquier cuestionamiento provenía del odio o la ignorancia. Hoy, esa narrativa se está desmoronando con hechos concretos. Uno de los casos más reveladores es el de Chloe Cole, una joven que fue sometida a tratamientos médicos de transición siendo menor de edad y que, tras detransicionar, se convirtió en una de las voces más visibles en denunciar los daños irreversibles que sufrió. Su caso marcó un punto de quiebre luego de un fallo histórico que abrió la puerta a una nueva ola de demandas por mala praxis médica, al demostrar que muchos menores no fueron informados adecuadamente sobre los riesgos permanentes de estos procedimientos Lejos de ser un hecho aislado, este caso refleja una realidad que empieza a salir a la luz en tribunales de todo el país.
El cambio no se limita al ámbito legal. En el mundo médico, las alarmas también comenzaron a sonar. En una decisión sin precedentes, la Sociedad Estadounidense de Cirujanos Plásticos recomendó retrasar las cirugías de “afirmación de género” hasta al menos los 19 años, citando la falta de evidencia científica sólida que respalde estos procedimientos en menores y el aumento de preocupaciones sobre daños irreversibles. Este giro es especialmente significativo porque proviene de los propios especialistas que realizan estas cirugías, no de activistas ni de políticos. Al mismo tiempo, otros reportes han documentado cómo las demandas por mala praxis comienzan a multiplicarse conforme más jóvenes detransicionan y exigen responsabilidades a médicos y clínicas.
A pesar de estas advertencias médicas y legales, el estado más progresista de Estados Unidos decidió avanzar en sentido contrario. El fiscal general de California, Rob Bonta, presentó una demanda contra Rady Children’s Hospital luego de que el hospital anunciara que dejaría de ofrecer ciertos tratamientos de “gender affirming care” a menores de edad. El centro médico explicó que la decisión respondía a riesgos legales y a la creciente incertidumbre científica en torno a estos procedimientos. En lugar de respetar la cautela médica, el gobierno estatal optó por presionar judicialmente para que continúen prácticas cada vez más cuestionadas. El mensaje es inquietante: cuando la evidencia empieza a fallar, la ideología política toma el control.
🚨 MUTILADA A LOS 16 AÑOS 🚨
Condenaron a médicos por autorizar una cirugía de transición de género irreversible a una menor sin una evaluación psicológica adecuada. pic.twitter.com/cCuzzCwZ7V
— Ratio (@Ratio_oficial) February 5, 2026
Para la audiencia latina —especialmente para quienes observan con desconfianza las modas ideológicas exportadas desde Estados Unidos— este tema debería encender todos los focos rojos. No se trata de lenguaje inclusivo ni de debates abstractos, sino de niños reales sometidos a decisiones irreversibles y de un sistema que ahora empieza a admitir que fue demasiado lejos. Cuando cirujanos retroceden, tribunales reconocen daños y hospitales intentan frenar, insistir en el mismo camino no es progreso: es irresponsabilidad. Y como casi siempre, quienes pagan el precio no son los políticos ni los activistas, sino los menores y sus familias.
