La fiscal general Kris Mayes dice que su oficina sigue buscando respuestas de la gobernadora demócrata, mientras la interrogante sobre una entrevista formal permanece sin resolverse
La fiscal general de Arizona, Kris Mayes, confirmó que su oficina continúa a la espera de respuestas de la gobernadora Katie Hobbs en el marco de una investigación criminal que ya lleva más de dos años, centrada en un posible esquema de “pay-to-play” vinculado a Sunshine Residential Homes, empresa que opera hogares grupales de cuidado de crianza temporal (foster care).
Arizona AG won’t say if Hobbs will ever face formal interview in ‘pay-to-play’ probe https://t.co/uLRGklqAEk pic.twitter.com/7gBBUqZJ7M
— azfamily 3TV CBS 5 (@azfamily) August 4, 2026
La pesquisa examina si un aumento sustancial en la tarifa de reembolso que el Departamento de Seguridad Infantil (DCS, por sus siglas en inglés) otorgó a Sunshine estuvo relacionado con donaciones que la empresa hizo al fondo inaugural de Hobbs y al Partido Demócrata de Arizona. Según reportes, Sunshine aportó $100,000 al comité inaugural en 2022, además de $200,000 y posteriormente $100,000 adicionales al partido estatal antes y después de esas fechas.
En abril, la oficina de Mayes solicitó formalmente una entrevista con la gobernadora, pero tres meses después ese encuentro no se ha concretado. Mayes evitó precisar si Hobbs se someterá alguna vez a ese interrogatorio, aunque insistió en que “nadie puede ignorar a la oficina del fiscal general, sin excepción”. Por su parte, Hobbs ha señalado que su administración cumplió con todas las leyes de contratación estatal y que confía en que la investigación confirmará que ella no participó en la decisión de aumentar la tarifa, la cual pasó de $140 a $234 por cama entre 2023 y su versión final.
Mayes ha dicho que espera concluir la investigación antes de las elecciones generales de noviembre, aunque no se comprometió a que esto suceda necesariamente con la participación directa de la gobernadora. Ambas funcionarias, Mayes y Hobbs, buscan la reelección este año.
El tema también ha tenido repercusiones legislativas: el senador republicano T.J. Shope impulsó un proyecto de ley que habría exigido a quienes buscan contratos estatales revelar donaciones hechas a campañas de candidatos a gobernador. Hobbs vetó la propuesta en dos ocasiones, calificándola de “maniobra política” por estar dirigida únicamente a su cargo. El representante republicano Andy Biggs, contendiente de Hobbs en la contienda por la gubernatura, ha utilizado el caso como parte de su campaña.
Cabe subrayar que Hobbs no ha sido acusada formalmente de ningún delito, y las alegaciones sobre el caso permanecen bajo investigación activa. Mayes ha señalado, además, que su oficina ha procesado tanto a demócratas como a republicanos e independientes, sin que la afiliación partidista influya en sus decisiones.
