Una corte creada en 1996 pero nunca utilizada ordenó la expulsión de una mujer afgana radicada en Fort Worth
Por primera vez en su historia, el Departamento de Justicia de Estados Unidos recurrió al Tribunal de Remoción de Extranjeros Terroristas (ATRC, por sus siglas en inglés) para deportar a una residente permanente legal. Se trata de Nazira Haji Zada, de 47 años, oriunda de Afganistán y residente en Fort Worth, Texas, quien fue expulsada del país después de reconocer ante la corte que es una ” extranjera terrorista”, según documentos judiciales citados por NPR.
A woman with lawful-permanent-resident status has been deported to Afghanistan after conceding she was an “alien terrorist” in a secretive federal court that was established three decades ago but held its first hearing only this year, court records show. https://t.co/FTAlllfBOG
— The Washington Post (@washingtonpost) September 12, 2026
De acuerdo con la fiscalía, Haji Zada, descrita como la “matriarca” de la familia, respaldó un plan de su hijo y su yerno para cometer un tiroteo masivo inspirado en el Estado Islámico durante el Día de las Elecciones de 2024. Ambos hombres ya habían sido arrestados y condenados con anterioridad: su hijo, Abdullah Haji Zada, de 19 años, recibió una sentencia de 15 años de prisión, mientras que su yerno, Nasir Ahmad Tawhedi, de 28 años, se declaró culpable de dos cargos relacionados con terrorismo.
A diferencia del proceso penal seguido contra los dos hombres, el caso de Haji Zada se tramitó por la vía civil ante el ATRC, un tribunal establecido por el Congreso en 1996 que permite al gobierno utilizar evidencia clasificada para justificar la expulsión de una persona bajo un estándar de prueba más bajo que el penal. Según el comunicado oficial del Departamento de Justicia, la jueza federal Joan N. Ericksen presidió la audiencia y firmó la orden de remoción el 20 de agosto, día en que Haji Zada, junto con sus abogados de oficio, admitió su condición de “extranjera terrorista” y renunció a su derecho de apelar.
Es importante subrayar que Haji Zada no enfrentó cargos penales; el proceso fue exclusivamente migratorio, y su reconocimiento ante el ATRC no puede utilizarse en un eventual proceso criminal. Sus abogados, Matthew Farley y Mary Manning Petras, señalaron que no tuvieron acceso a la evidencia clasificada usada en su contra y cuestionaron la constitucionalidad del tribunal, aunque aclararon que la decisión de su clienta de aceptar la remoción no debe interpretarse como un respaldo a la legitimidad de la corte.
El fiscal general Todd Blanche calificó el caso como un hito para la seguridad nacional. Haji Zada llegó a Estados Unidos como residente permanente legal en 2018; su esposo trabajó en la base aérea de Bagram entre 2009 y 2016. Tras su expulsión, la mujer queda permanentemente inadmisible para reingresar al país.
El caso marca un precedente en el uso de herramientas migratorias vinculadas a la seguridad nacional y podría sentar las bases para futuros procesos similares ante el mismo tribunal.
