A pesar del revés judicial, la administración Biden ha prometido seguir defendiendo el programa SAVE y buscar otras formas de brindar alivio a los prestatarios.
Un tribunal federal de apelaciones ha bloqueado definitivamente el plan de condonación de préstamos estudiantiles del expresidente Joe Biden, al dictaminar que su administración excedió su autoridad. La decisión representa un revés significativo para el mandatario y su estrategia de alivio de deuda, que ya había sido rechazada previamente por la Corte Suprema.
El fallo, emitido por la Corte de Apelaciones del Octavo Circuito de Estados Unidos, responde a una demanda encabezada por el fiscal general de Missouri, Andrew Bailey, y respaldada por seis estados republicanos —Arkansas, Florida, Georgia, Dakota del Norte, Ohio y Oklahoma—. Los demandantes argumentaron que la iniciativa del gobierno federal iba más allá de las competencias otorgadas al Departamento de Educación y representaba una carga indebida para los contribuyentes.
El programa en cuestión, conocido como Saving on a Valuable Education (SAVE), surgió tras el rechazo del Tribunal Supremo a la ambiciosa propuesta inicial de Biden de condonar hasta 400 mil millones de dólares en deuda estudiantil. En respuesta, la Casa Blanca lanzó esta nueva estrategia, diseñada como un plan de pago basado en ingresos que reduciría drásticamente los montos adeudados y, en muchos casos, los eliminaría por completo.
Según cifras de la administración, más de 8 millones de prestatarios se inscribieron en SAVE, con 4.5 millones beneficiándose de cuotas mensuales de cero dólares y más de un millón pagando menos de 100 dólares. Sin embargo, los opositores sostuvieron que este enfoque era una forma encubierta de eludir la decisión de la Corte Suprema y condonar deuda sin la autorización del Congreso.
La Corte de Apelaciones dictaminó que el Departamento de Educación se excedió en su autoridad al diseñar un programa que condona préstamos en lugar de asegurarse de que sean pagados. “Concluimos que los estados tienen una alta probabilidad de éxito en su argumento de que la autoridad del secretario de Educación para promulgar planes de reembolso basados en ingresos no permite la condonación de préstamos al final del período de pago”, señala la sentencia.
Bailey celebró el fallo y lo consideró un precedente clave para evitar que futuros presidentes intenten medidas similares. “Es fundamental garantizar que un presidente no pueda imponer a los trabajadores el costo de la deuda de otros, especialmente de universidades de élite”, afirmó.
A pesar del revés judicial, la administración Biden ha prometido seguir defendiendo el programa SAVE y buscar otras formas de brindar alivio a los prestatarios. “Nuestra administración continuará luchando agresivamente por el SAVE Plan, que ha permitido a millones de personas acceder a pagos más bajos o incluso nulos”, afirmó un portavoz de la Casa Blanca.
El caso ahora regresa a una corte inferior, que evaluará la legalidad del programa SAVE. Mientras tanto, el fallo representa una nueva limitación al poder ejecutivo en materia de condonación de deuda estudiantil, dejando en claro que cualquier reforma de gran alcance requerirá la intervención del Congreso.
Con millones de prestatarios aun esperando soluciones, el futuro de la deuda estudiantil sigue siendo un punto de debate en la política estadounidense.
