Expertos en salud y vivienda advierten que desalojar a la gente cada dos o tres días solo rompe el contacto con los trabajadores sociales y hace más difícil su reintegración.
El gobernador Gavin Newsom recientemente pidió a todas las ciudades de California que prohíban los campamentos de personas sin hogar, en una nueva ofensiva que busca mostrar resultados visibles en una de las crisis más persistentes del estado. Aunque no impuso obligaciones legales, presentó una ordenanza modelo con restricciones claras: prohibir que se acampe más de tres noches seguidas en un mismo lugar, impedir estructuras semipermanentes y evitar la obstrucción de vías públicas.
“Ya no estoy interesado en seguir financiando el fracaso”, advirtió Newsom, sugiriendo que quienes no actúen podrían enfrentar recortes en los fondos estatales para enfrentar la falta de vivienda. Aunque no condicionó explícitamente la ayuda económica, sí dejó claro que su nuevo presupuesto incluirá criterios más estrictos.
La propuesta llega tras el fallo de la Corte Suprema en el caso Grants Pass v. Johnson, que permitió a las ciudades prohibir campamentos en terrenos públicos incluso cuando no hay refugios disponibles. Ese fallo marcó un giro legal importante, desmontando seis años de protecciones para las personas sin hogar en el oeste del país.
Desde entonces, más de veinte ciudades y condados en California han aprobado nuevas restricciones y reforzado las ordenanzas existentes. San Diego, por ejemplo, implementó una medida similar hace dos años y redujo de 2,104 a 902 el número de personas viviendo en las calles del centro. Pero muchas de ellas simplemente se trasladaron a terrenos bajo jurisdicción estatal, como los de Caltrans, lo que generó fricciones con alcaldes como Todd Gloria, quien ahora respalda un proyecto de ley para obligar al estado a limpiar sus propios terrenos.
Aunque Newsom también anunció $3,300 millones provenientes de la Propuesta 1 para crear más de 5,000 camas de tratamiento y más de 21,800 plazas ambulatorias para personas con enfermedades mentales o adicciones, especialistas advierten que el modelo de ordenanza no soluciona el problema estructural: la falta de vivienda asequible y de refugios dignos.
“Desalojar a la gente cada dos o tres días solo rompe el contacto con los trabajadores sociales y hace más difícil su reintegración”, advirtió la Dra. Margot Kushel, experta en salud y vivienda de UCSF. Además, muchas personas se resisten a ingresar a refugios por las condiciones, la falta de privacidad, la imposibilidad de estar con mascotas o parejas, o el miedo a la violencia.
Mientras alcaldes como el de San José celebran el liderazgo de Newsom en el tema, otros actores locales advierten que, sin financiamiento constante, poco se podrá hacer. Para ellos, el problema no es cuántas ciudades prohíban acampar, sino cuántas tienen los recursos para ofrecer una alternativa real.
En la práctica, sin camas suficientes, lo que Newsom propone podría terminar forzando a miles de californianos a una especie de nomadismo regulado.
