Cuando el caos reemplaza el diálogo, el deber del gobierno es restaurar el orden.
Lo que comenzó como protestas contra operativos migratorios en Los Ángeles el 6 de junio se ha extendido a ciudades de todo el país. Aunque muchos manifestantes afirman actuar en nombre de la justicia, demasiadas de estas concentraciones se han convertido en focos de violencia, con actos de vandalismo, agresiones y cientos de arrestos. La respuesta de la administración no solo es legítima, sino necesaria para proteger a las comunidades y garantizar el cumplimiento de la ley.
En ciudades como Seattle, Nueva York, Filadelfia y San Francisco, los hechos hablan por sí solos. Edificios federales han sido dañados, calles bloqueadas, vehículos destruidos y agentes agredidos. En Downey y Whittier, California, grupos violentos atacaron hoteles donde supuestamente se alojaban agentes de ICE, rompiendo ventanas y forzando entradas. Las fuerzas del orden actuaron con firmeza y prudencia para evitar mayores daños.
Uno de los momentos más mediáticos fue la detención temporal del senador Alex Padilla, quien interrumpió un evento federal para confrontar a las autoridades. Aunque los críticos se apresuraron a condenar el momento, algunos defensores de la medida argumentan que nadie está por encima de los protocolos de seguridad y que interrumpir las operaciones federales debe tener consecuencias.
A pesar de los intentos de presentar los esfuerzos de aplicación como extremos, funcionarios de la administración sostienen que simplemente están cumpliendo con su deber: hacer cumplir la ley migratoria, restablecer el orden y proteger a las familias estadounidenses. Una publicación viral del Departamento de Seguridad Nacional que pedía colaboración ciudadana para ubicar a inmigrantes ilegales fue interpretada por algunos como provocadora, pero su objetivo era claro: apoyar la labor de los agentes en el terreno.
Los efectos de este caos ya se sienten: negocios cerrados, iglesias vacías y trabajadores con miedo de salir de sus casas. El despliegue de más de 4,000 elementos de la Guardia Nacional y 700 infantes de Marina no es un gesto simbólico, sino la administración siente que es una respuesta concreta ante amenazas reales a la paz pública.
Si bien los estadounidenses tienen derecho a expresarse, algunos funcionarios sostienen que ese derecho no incluye alterar el orden público. Según la administración, las protestas deben mantenerse dentro del marco legal y las leyes migratorias se aplicarán. Quienes respaldan esta postura no lo consideran un acto de crueldad, sino el cumplimiento del deber por parte del gobierno. Desde su perspectiva, mantener el orden es esencial para garantizar la justicia, y hacer cumplir la ley es fundamental para preservar la integridad del país.
