El derecho a protestar no incluye el derecho a causar disturbios. Cuando se pierde el control, el gobierno debe actuar, antes de que sea demasiado tarde.
Las recientes protestas en Los Ángeles, motivadas por operativos de control migratorio, han generado serias preocupaciones sobre la seguridad pública, la soberanía nacional y el riesgo de disturbios civiles. Si bien el derecho a protestar es constitucional, la retórica y las acciones crecientes alrededor de estas manifestaciones obligan a muchos a preguntarse si ya se ha cruzado una línea peligrosa.
Miles de manifestantes, muchos portando banderas extranjeras, como las de México y Palestina,han tomado las calles de la ciudad en lo que varios observadores conservadores califican como una campaña organizada para desafiar la autoridad federal. El presidente Donald Trump los describió como “insurreccionistas o agitadores pagados”, reflejando la preocupación de expertos en seguridad nacional sobre la amenaza que estas acciones podrían representar para el orden interno.
Analistas legales como el abogado Ken White advierten que el uso de términos como “insurrección” o “invasión” podría activar disposiciones bajo la Ley de Insurrección, que permite al presidente desplegar tropas federales para responder a disturbios domésticos. Aunque esta medida aún no se ha implementado, la narrativa que se está construyendo, especialmente desde medios y actores políticos,podría tener implicaciones legales y de seguridad a largo plazo.
Lo que los críticos encontraron más preocupante aún son los brotes de violencia que han acompañado algunas de estas protestas: destrucción de propiedad, enfrentamientos con agentes del orden y cientos de arrestos. Estos hechos no son incidentes aislados, y amenazan con eclipsar cualquier reclamo legítimo dentro de la comunidad latina. El respeto al estado de derecho no puede, y no debe, ser sacrificado en nombre de la expresión política.
Para muchos estadounidenses, especialmente aquellos preocupados por la seguridad fronteriza y la aplicación de las leyes migratorias, las imágenes provenientes de Los Ángeles son profundamente alarmantes. Cuando las protestas se convierten en actos de desorden, no solo se pone en riesgo la seguridad pública, sino que también se debilitan las instituciones democráticas y se tensan aún más las relaciones comunitarias.
Incluso dentro del activismo, algunos líderes han comenzado a expresar inquietudes. Reconocen que la continua asociación con actos violentos y caóticos podría hacer que se pierda el apoyo público, y provocar una respuesta gubernamental más contundente.
En este contexto, las palabras y las acciones importan. Si estas protestas se recordarán como expresiones apasionadas de cambio o como amenazas irresponsables al orden público dependerá, en última instancia, de cómo evolucione el debate migratorio y de cómo el país decida responder ante futuros desafíos a su soberanía y a su sistema legal.
