El secretario de Defensa, Pete Hegseth, advirtió que los marines en Camp Pendleton podrían ser movilizados si continúa la agitación.
Las tensiones en torno a la aplicación de leyes migratorias en Los Ángeles se intensificaron este fin de semana, lo que llevó al gobierno federal a intervenir para restablecer el orden. El domingo, el presidente Donald Trump autorizó el despliegue de tropas de la Guardia Nacional para apoyar en la protección de propiedades federales y garantizar la seguridad pública.
La decisión siguió a varios días de manifestaciones en contra de las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés). Lo que comenzó como protestas el viernes, escaló rápidamente a enfrentamientos, daños materiales y arrestos. Autoridades federales informaron que aproximadamente 800 manifestantes se congregaron frente al centro de detención federal en el centro de Los Ángeles, y algunos intentaron ingresar al edificio. También se reportaron daños a vehículos oficiales y propiedad pública.
Se desplegó inicialmente un contingente de 300 soldados de la 79ª Brigada de Infantería de California para estabilizar la situación, y Trump indicó que hasta 2,000 efectivos podrían ser enviados si fuera necesario. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, añadió que los marines en servicio activo en Camp Pendleton están en alerta y podrían intervenir si las circunstancias lo requieren.
El gobernador de California, Gavin Newsom, criticó el despliegue, cuestionando la necesidad de tropas federales en la ciudad y oponiéndose al posible uso de fuerzas militares activas en suelo estadounidense. Acusó a Trump de politizar el conflicto y de agravar la situación intencionalmente.
La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, también condenó tanto las redadas de ICE como la militarización de la ciudad, argumentando que estas acciones generan temor y tensan aún más a las comunidades inmigrantes.
Por su parte, el director interino de ICE, Todd Lyons, responsabilizó a las autoridades locales por permitir que la situación se saliera de control. Expresó su preocupación de que los funcionarios de la ciudad estén debilitando los esfuerzos de las fuerzas del orden y permitiendo que el desorden se propague.
La opinión pública en Los Ángeles sigue dividida. Mientras algunos residentes rechazan la presencia de fuerzas federales, otros consideran que el despliegue es una medida necesaria para evitar más violencia y preservar el orden. El episodio ha vuelto a poner en evidencia la profunda división entre los líderes estatales y federales sobre cómo manejar la política migratoria y los disturbios civiles en momentos de tensión.
