ICE sostiene que los acuerdos 287(g) permiten una mayor coordinación entre niveles de gobierno y contribuyen al cumplimiento de las leyes migratorias federales.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha intensificado la implementación del programa 287(g), una herramienta que permite a agencias policiales locales y estatales colaborar directamente en tareas migratorias. Desde el regreso del presidente Donald Trump a la Casa Blanca, se han firmado cerca de 500 nuevos acuerdos, con el objetivo de acelerar los procesos de detención y transferencia de personas sin estatus migratorio regular.
Uno de los operativos más recientes ocurrió en Nashville, Tennessee, donde ICE, con apoyo de la Patrulla de Tránsito estatal, detuvo a 196 personas. La operación incluyó la participación de otras agencias federales como el FBI. Aunque la Patrulla no tenía un convenio formal 287(g), la colaboración fue posible gracias a memorandos con otras entidades policiales de la región. Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), entre los arrestados se encontraban personas con antecedentes penales y órdenes de deportación vigentes, incluyendo casos vinculados a pandillas y delitos graves.
El programa 287(g), creado en 1996, ha tenido distintos niveles de aplicación bajo administraciones anteriores. Durante los gobiernos de Barack Obama y Joe Biden, su uso fue más limitado, mientras que actualmente ha sido retomado con un enfoque más amplio. El DHS asegura que esta estrategia permite “aplicar la ley migratoria de manera más eficaz”, especialmente en regiones donde ICE no tiene presencia constante.
Existen tres modelos principales de convenio: uno que permite a policías locales actuar como oficiales migratorios tras recibir capacitación; otro que autoriza el uso de cárceles estatales para retener a personas detenidas por ICE; y un tercero que facilita la entrega directa de inmigrantes requeridos por la agencia federal.
En el caso de Nashville, organizaciones locales como la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados de Tennessee (TIRRC, por sus siglas en inglés) expresaron preocupación por el impacto en las comunidades. Según su directora ejecutiva, Lisa Sherman Luna, algunas detenciones ocurrieron durante inspecciones viales, lo que ha generado cuestionamientos sobre los criterios utilizados. También se reportaron casos de personas cuya ubicación fue desconocida por sus familias durante varias horas o incluso días.
A pesar de las críticas de algunas organizaciones, ICE sostiene que los acuerdos 287(g) permiten una mayor coordinación entre niveles de gobierno y contribuyen al cumplimiento de las leyes migratorias federales. En paralelo, varios estados —como California, Nueva Jersey y Oregón— cuentan con leyes que prohíben este tipo de colaboraciones, lo que limita la expansión del programa en esos territorios.
Mientras tanto, condados en estados como Nueva York, Texas y Tennessee continúan firmando nuevos acuerdos, lo que refleja una tendencia creciente en la aplicación descentralizada de la política migratoria en Estados Unidos.
