Se estima que cerca de 1 millón de inmigrantes se han auto deportado a sus países de origen.
Yessenia Ruano, una salvadoreña que trabajaba como asistente educativa en las escuelas públicas de Milwaukee, decidió abandonar Estados Unidos de manera voluntaria luego de que las autoridades migratorias rechazaran su solicitud de suspensión de deportación. Su caso se ha vuelto representativo de un fenómeno creciente: el aumento de las auto-deportaciones en medio de políticas migratorias más estrictas.
Ruano llegó al país en 2011 alegando ser víctima de trata de personas, y solicitó una visa T, un permiso especial para sobrevivientes de tráfico humano. Mientras su caso avanzaba, trabajaba en el sistema escolar local. Ante el riesgo de ser detenida por agentes de inmigración, optó por regresar a El Salvador por decisión propia, informó su abogada a medios locales.
En los últimos años, la auto-deportación se ha convertido en una estrategia promovida por la administración Trump como una alternativa al arresto y deportación forzada. La política permite que personas sin estatus legal o con casos pendientes salgan del país voluntariamente, en algunos casos con ayuda financiera y un posible camino de regreso legal si cumplen ciertos requisitos.
La herramienta digital CBP One, una aplicación originalmente diseñada para operaciones aduaneras fue adaptada para facilitar este tipo de salidas. Actualmente, los migrantes pueden usarla para informar al gobierno federal sobre su decisión de irse por cuenta propia. Según datos oficiales, hasta un millón de personas han optado por este camino.
El Departamento de Seguridad Nacional ha lanzado campañas para alentar esta práctica, especialmente tras la cancelación de programas como el permiso humanitario para migrantes de Haití, Nicaragua, Cuba y Venezuela. En Wisconsin, comunidades haitianas afectadas por el fin de ese programa han comenzado a recibir notificaciones de salida voluntaria.
El presidente Trump defendió públicamente esta estrategia en una entrevista reciente, diciendo que quienes se auto deporten podrían recibir un boleto de avión, apoyo económico y, si son considerados “buenos candidatos”, una vía para reingresar legalmente a Estados Unidos.
Mientras tanto, en Wisconsin, el legislador estatal Jim Piwowarczyk ha impulsado un proyecto de ley para obligar a las policías locales a colaborar con ICE. Sin embargo, condados como Milwaukee y Dane se han negado a hacerlo, citando preocupaciones sobre el impacto en sus comunidades.
Aunque las deportaciones forzadas siguen en aumento, las autoridades proyectan que un gran número de las expulsiones en el futuro ocurrirán a través de salidas voluntarias.
