Entre los casos más notorios destaca un fraude de $650 millones dirigido principalmente al programa de Medicaid para nativos americanos en Arizona.
El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, ha realizado la mayor operación contra el fraude en el sector de la salud de la historia del país. Con un impacto que supera los $14,600 millones en pérdidas planeadas, la redada busca proteger los recursos de los contribuyentes y la integridad del sistema de salud estadounidense.
El DOJ presentó cargos penales contra 324 personas, entre ellas 96 médicos, enfermeras, farmacéuticos y otros profesionales sanitarios, señalados por su participación en redes de fraude que afectaron directamente a programas como Medicare y Medicaid. Según las autoridades, los delitos abarcan desde facturación falsa hasta esquemas de sobornos y servicios médicos innecesarios o inexistentes.
Entre los casos más notorios destaca el de Farrukh Ali, un ciudadano pakistaní acusado de orquestar un fraude de $650 millones dirigido principalmente al programa de Medicaid para nativos americanos en Arizona. Ali, según los fiscales, montó un sistema en el que, junto con al menos 41 clínicas de supuesta rehabilitación, facturaba al estado por tratamientos de adicciones que nunca se brindaron o que carecían de justificación médica. Para inflar las ganancias, las clínicas reclutaban pacientes vulnerables de comunidades nativas y personas sin hogar, ofreciendo tratamiento y alojamiento gratuitos como señuelo.
Ali, desde su empresa ProMD Solutions, registrada en Arizona pero operada desde Pakistán, se encargaba de inscribir a estas clínicas como proveedoras autorizadas y luego gestionaba la facturación fraudulenta, quedándose con un porcentaje de las sumas desembolsadas por el estado. Se estima que el fraude le permitió apropiarse de unos $25 millones, parte de los cuales usó para adquirir una residencia de lujo en Dubái.
El operativo federal, parte de una estrategia de largo plazo contra el fraude en el sector salud, no solo desarticuló el esquema de Ali. Incluyó casos de todo tipo, desde redes transnacionales que traficaban con catéteres urinarios por $10,600 millones, hasta estafas que afectaron a pacientes de hospicios con heridas crónicas.
Gracias a la acción coordinada de distintas agencias, el gobierno logró incautar activos por $245 millones en efectivo, criptomonedas y bienes de lujo, además de frenar el pago de más de $4,000 millones en reclamaciones falsas y retirar privilegios de facturación a más de 200 proveedores.
“Estos delincuentes no solo robaron dinero ajeno. Te lo robaron a ti”, advirtió el DOJ, al subrayar que cada dólar defraudado es un golpe directo al bolsillo del contribuyente estadounidense.
