Santa Ana también implementó un fondo de asistencia de un millón de dólares para apoyar a familias afectadas por redadas.
En una decisión unánime, el Concejo Municipal de Santa Ana votó el 15 de julio para unirse a una demanda federal que busca frenar las redadas migratorias sin orden judicial ni causa probable. La ciudad, bajo el liderazgo de la alcaldesa Valerie Amezcua, se convierte así en la única de todo el condado de Orange en sumarse al litigio Vasquez Perdomo v. Noem, impulsado por la ACLU, Public Counsel y otras organizaciones defensoras de derechos civiles.
La demanda, presentada contra agencias federales como ICE y CBP, denuncia operativos migratorios que, según sus argumentos, violan la Constitución: arrestos arbitrarios, detenciones basadas en perfil étnico, uso excesivo de fuerza y confinamiento sin acceso a representación legal. A la causa ya se han sumado otras jurisdicciones como Los Ángeles, Pasadena, Culver City y West Hollywood.
“Santa Ana está comprometida con salvaguardar los derechos, la dignidad y la seguridad de todos sus residentes”, señaló el gobierno local en un comunicado. Con esta acción, la administración de Amezcua busca no solo proteger a su comunidad, sino también enviar un mensaje claro: hacer cumplir la ley no puede ser excusa para ignorarla.
La decisión llega en medio de tensiones crecientes por las redadas ocurridas en la ciudad a principios de junio, que provocaron protestas, llamados a la rendición de cuentas y temor entre muchas familias latinas. Aunque la alcaldía no tiene relación con ICE desde 2017 y ha reiterado su política de no colaborar con operativos federales, el ambiente de incertidumbre se intensificó tras la difusión de arrestos sin identificación visible de los agentes.
Además de la vía legal, Santa Ana también implementó un fondo de asistencia de un millón de dólares para apoyar a familias afectadas por redadas, con ayuda para cubrir renta, alimentos y asesoría legal. La medida fue aprobada el 2 de julio tras ajustar partidas presupuestarias de eventos comunitarios.
Santa Ana ha optado por acciones institucionales: demandar al gobierno federal, reasignar recursos locales y fortalecer el trabajo con organizaciones comunitarias. La estrategia no solo responde al momento político, sino que podría marcar un precedente para otras ciudades que buscan proteger a sus residentes sin entrar en conflicto directo con el aparato federal.
