La ley, financiada por solicitantes sin usar fondos públicos, busca mitigar los efectos de redadas migratorias en sectores agrícolas y de servicios, ofreciendo una solución realista y humana sin amnistía ni ciudadanía.
Las congresistas María Elvira Salazar (R-Fla.) y Verónica Escobar (D-Texas) presentaron la Ley de Dignidad de 2025, una ambiciosa propuesta bipartidista para transformar el sistema migratorio estadounidense. El proyecto contempla brindar estatus legal temporal, sin acceso a beneficios federales ni ciudadanía, a migrantes indocumentados que hayan vivido en Estados Unidos desde antes de 2021 y cumplan con requisitos específicos.
Los beneficiarios podrían acceder a un permiso de hasta siete años para trabajar legalmente, siempre y cuando paguen una restitución económica, se registren regularmente ante las autoridades migratorias y mantengan buena conducta. Esta vía podría conducir posteriormente a la residencia permanente legal, pero excluye cualquier forma de amnistía o camino directo a la ciudadanía.
La ley también busca poner fin a la práctica de “catch-and-release”, fortalecer la seguridad en la frontera sur y exigir el uso obligatorio del sistema E-Verify para verificar el estatus migratorio de los trabajadores. Adicionalmente, contempla programas de capacitación laboral y educación para ciudadanos estadounidenses.
Financiada íntegramente con pagos y tarifas aportadas por los solicitantes, la ley no utilizaría fondos públicos. Según sus autoras, esta medida responde a los efectos negativos de las recientes redadas migratorias, que han golpeado especialmente a los sectores agrícolas y de servicios. Escobar afirmó que se trata de un primer paso realista para corregir un sistema fallido, mientras que Salazar enfatizó que se trata de una alternativa firme pero humana: “Sin amnistía, sin dádivas, sin ciudadanía”.
La iniciativa ya ha sido respaldada por una veintena de legisladores de ambos partidos, quienes confían en que este nuevo enfoque pueda avanzar donde otros esfuerzos anteriores fracasaron.
