El trasfondo legal también es polémico: la Constitución de California establece un periodo de 30 días para el escrutinio público de proyectos de esta magnitud.
La Corte Suprema de California rechazó este miércoles una petición de emergencia presentada por legisladores republicanos para frenar el plan de redistribución de distritos impulsado por el gobernador Gavin Newsom y la mayoría demócrata. La decisión despeja el camino para que la Legislatura apruebe un paquete de tres medidas: SB 280, ACA 8 y AB 604, que reconfigurará el mapa electoral federal del estado.
La resolución judicial ha encendido la confrontación política. Los republicanos denuncian un “asalto a la democracia” y acusan a Newsom y a los líderes legislativos de manipular el proceso en beneficio propio. Señalan que la maniobra anula a la Comisión Ciudadana de Redistritación Independiente, creada por los votantes precisamente para evitar que los políticos dibujaran mapas a su conveniencia.
El trasfondo legal también es polémico: la Constitución de California establece un periodo de 30 días para el escrutinio público de proyectos de esta magnitud. Sin embargo, los legisladores recurrieron a la técnica de “gut-and-amend”, es decir, reutilizar proyectos de ley no relacionados y transformarlos en propuestas de redistritación exprés, sin el plazo de revisión ciudadana. Para los republicanos, esta es una clara violación de la ley.
Los legisladores opositores, apoyados por el bufete Dhillon Law Group, prometen continuar la batalla en tribunales y en las urnas. Argumentan que el plan costará más de 200 millones de dólares a los contribuyentes y que, lejos de transparentar el proceso, lo encierra en negociaciones a puerta cerrada. Incluso han solicitado una investigación criminal federal contra Newsom y los legisladores demócratas, acusándolos de corrupción.
La polémica se intensificó cuando trascendió que los mapas fueron modificados hasta último momento y que el propio Comité de Campaña Demócrata del Congreso (DCCC), una organización partidista, habría participado en el rediseño. Críticos aseguran que al menos un distrito fue trazado a medida para favorecer al presidente del Senado estatal, Mike McGuire, a cambio de su apoyo.
Mientras los demócratas insisten en que el proceso refleja cambios demográficos reales, con un peso creciente de votantes latinos y asiáticos, la narrativa de “transparencia” es insostenible si ni siquiera se informa quién dibujó los mapas.
El choque por la Proposición 50, que busca consolidar esta redistribución, se ha convertido en un símbolo del pulso nacional sobre el futuro de las reglas del juego electoral.
Lo que está en juego va más allá de unas cuantas líneas en el mapa: es la credibilidad de un sistema que debería garantizar elecciones limpias. Y mientras los tribunales rehúyen explicar sus fallos, la batalla se traslada al terreno político, donde serán los votantes quienes decidan si aceptar un rediseño acelerado o castigar lo que la oposición llama un “golpe de poder” disfrazado de reforma.
