La organización dice que podría volver a demandar si se registran arrestos bajo la Proposición 314
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) de Arizona y el Proyecto de Derechos de Inmigrantes y Refugiados de Florence retiraron voluntariamente esta semana la demanda con la que buscaban frenar la aplicación de la Proposición 314, la ley conocida como “Secure the Border Act” (Ley para Asegurar la Frontera), que convierte en delito estatal el cruce indocumentado desde México fuera de un puerto de entrada oficial.
The ACLU is keeping a close watch on Arizona’s immigration law, though there’s little sign it’s being actively enforced. https://t.co/2DvECg0D2F
— azcentral (@azcentral) August 13, 2026
La medida fue aprobada por los votantes de Arizona en 2024 con un respaldo cercano al 63 %, en medio de la preocupación pública por la migración que también impulsó el regreso de Donald Trump a la presidencia. Además de tipificar el cruce ilegal como delito menor de clase 1, castigado con hasta seis meses de cárcel, la ley obliga a las agencias estatales y locales que otorgan beneficios financiados con fondos públicos a verificar el estatus migratorio de los solicitantes.
La retirada de la demanda se produjo después de que un juez federal negara una orden de restricción temporal que habría suspendido la aplicación de la ley. El senador estatal republicano Warren Petersen, quien intervino en el caso junto al presidente de la Cámara, Steve Montenegro, celebró la decisión como una victoria para los votantes de Arizona.
La directora legal de la ACLU de Arizona, Tara DeGeorge, explicó que la organización sigue considerando inconstitucional la ley, pero que por ahora no existen elementos para continuar el litigio. DeGeorge afirmó que, hasta el momento, no hay indicios de que alguna agencia policial o fiscalía en Arizona esté aplicando la disposición que convierte el cruce fronterizo en delito estatal.
El abogado John Mitchell, quien representa al Proyecto Florence, señaló a KJZZ que la falta de arrestos documentados deja a la organización sin una persona directamente afectada que tenga legitimación legal para impugnar la ley ante los tribunales federales. El juez de distrito Michael Liburdi había resuelto en julio que solo alguien perjudicado de manera concreta por la norma podría cuestionar su constitucionalidad.
La demanda fue desestimada sin perjuicio, lo que significa que la ACLU y el Proyecto Florence podrán presentarla nuevamente en el futuro. Ambas organizaciones indicaron que continuarán monitoreando la aplicación de la ley para detectar posibles casos de perfil racial o detenciones que consideren indebidas, y que actuarán legalmente en cuanto se registre un arresto bajo la Proposición 314.
La implementación de la ley había estado condicionada al desenlace de un litigio similar en Texas, cuya versión de la norma fue avalada por una corte federal de apelaciones en mayo, lo que permitió que la disposición de Arizona entrara en vigor el pasado mes de julio.
