El Departamento de Transporte notificó formalmente a Nueva York que dispone de 30 días para revocar licencias mal emitidas.
El Departamento de Transporte de Estados Unidos advirtió al estado de Nueva York que podría perder hasta 73 millones de dólares en fondos federales para infraestructura vial si no corrige deficiencias en su sistema de licencias para conductores de vehículos comerciales.
La advertencia se basa en una auditoría de la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (FMCSA), que detectó que una parte significativa de las licencias comerciales revisadas no cumplía con los requisitos federales vigentes. Entre las irregularidades señaladas se encuentran licencias otorgadas por períodos de hasta ocho años a personas cuyos permisos de trabajo ya no eran válidos, lo que contradice normas federales diseñadas para garantizar la seguridad en carreteras interestatales.
El secretario de Transporte, Sean Duffy, subrayó que los vehículos comerciales de gran tonelaje requieren controles estrictos debido al riesgo que representan cuando no son operados por conductores debidamente autorizados. En ese contexto, el Departamento de Transporte notificó formalmente a Nueva York que dispone de 30 días para revocar licencias mal emitidas y ajustar sus procesos de verificación.
De no hacerlo, la ley federal permite suspender parte de los fondos destinados a carreteras y transporte, recursos que normalmente se utilizan para mantenimiento vial, reducción de accidentes y apoyo a la actividad económica regional.
Autoridades estatales de Nueva York han rechazado las conclusiones del gobierno federal y sostienen que sus procedimientos cumplen con la ley. Sin embargo, funcionarios federales señalan que los estándares para licencias comerciales no son opcionales y deben aplicarse de manera uniforme en todo el país para preservar la seguridad pública y la coherencia regulatoria.
Este caso se suma a revisiones similares realizadas en otros estados, como California y Minnesota, donde también se han identificado discrepancias entre políticas estatales y regulaciones federales. El debate refleja una tensión más amplia entre la autonomía estatal y la obligación de cumplir normas nacionales cuando están en juego fondos federales y seguridad interestatal.
Desde la perspectiva del gobierno federal, el mensaje es claro: el acceso a recursos nacionales implica responsabilidades claras en materia de verificación, cumplimiento legal y protección de los contribuyentes.
