Se frenó la inflación, algunos precios esenciales bajaron y la economía dejó de sentirse como un vehículo fuera de control. Pero estabilizar aún no es suficiente.
Estados Unidos intenta avanzar, pero sigue cargando un peso que no desaparece con titulares optimistas. Ese peso tiene un nombre claro: cuatro años de políticas económicas que castigaron a la clase trabajadora y desordenaron por completo el costo de vida. La administración Biden no solo permitió que la inflación devorara los salarios. La impulsó con decisiones irresponsables, gasto sin control y una burocracia que parecía tener alergia a la eficiencia.
El bolsillo del ciudadano lo recuerda mejor que cualquier estadística. El ingreso real, el indicador que muestra cuánto puede comprar una familia con su cheque semanal, cayó de manera sostenida durante el gobierno de Biden. Mientras los precios subían se disparaban, los salarios se quedaban atrás. Y solo ahora, con Trump de regreso, empezó una lenta recuperación que todavía está lejos de borrar el daño.
La vivienda es el ejemplo más evidente del desastre. Lo que antes era un objetivo alcanzable para una familia trabajadora se volvió un laberinto. Bajo Biden, el pago mensual de una hipoteca típica se duplicó. Eso creó una nueva división económica. Hay quienes lograron comprar antes del caos y hay quienes quedaron atrapados en un mercado inflado que les cerró la puerta del sueño americano.
Trump ha logrado lo que la Casa Blanca anterior ni intentó. Se frenó la inflación, algunos precios esenciales bajaron y la economía dejó de sentirse como un vehículo fuera de control. Pero estabilizar no es suficiente. Para arreglar de raíz la crisis de asequibilidad, se necesitan tácticas más agresivas.
El primer frente es la desregulación. Biden heredó una economía estable y le agregó montañas de trámites, permisos, reglas duplicadas y costos ocultos. Esa sobrecarga regulatoria vale más de dos billones de dólares al año, dinero que sale directamente del precio de cada servicio, cada alimento y cada factura. Trump ya empezó a desmontar ese entramado, pero una limpieza más profunda liberaría a familias y negocios de un impuesto silencioso que nunca aprobaron.
El segundo frente es comercial. El país no debe encarecer bienes esenciales que ni siquiera produce. Ajustar aranceles para proteger a los consumidores, en lugar de castigarlos, es un enfoque estratégico que Trump ya está aplicando, y que debe ampliarse para impedir que los precios suban por causas artificiales.
La pieza decisiva es la eficiencia gubernamental. El nuevo Departamento de Eficiencia ha identificado miles de millones desperdiciados en programas improductivos y contratos inflados. Si ese equipo tuviera vía libre, la reducción del gasto sería monumental. Menos gasto significa menos deuda. Y menos deuda implica tasas de interés más bajas para millones de familias.
Trump recibió un país incendiado por la mala gestión. Ha contenido el desastre. Pero lo que sigue no es contener, sino reconstruir. La crisis de asequibilidad tiene solución. Lo que hace falta ahora es un liderazgo dispuesto a concluir lo que la administración anterior dejó inconcluso.
