Legisladores de distintos comités han pedido evaluar la estructura actual del programa para medir sus efectos económicos.
Un debate en Washington ha puesto nuevamente en el centro de la conversación nacional el Programa de Capacitación Práctica Opcional, conocido como OPT, que permite a estudiantes extranjeros trabajar temporalmente en Estados Unidos después de graduarse. Aunque se creó como una herramienta académica limitada, cifras oficiales muestran que el programa se ha expandido de manera significativa. Según datos del Departamento de Seguridad Nacional, más de 200 mil personas recibieron autorizaciones de trabajo en el marco del OPT y su extensión STEM durante el año fiscal 2024.
El crecimiento acelerado del programa ha impulsado cuestionamientos sobre su impacto en el mercado laboral nacional. Un informe del Gobierno federal sobre tendencias salariales y competencia laboral señala que varios sectores con alta presencia de trabajadores especializados enfrentan presiones derivadas tanto de automatización como de cambios migratorios.
Los críticos del OPT argumentan que el programa opera con menos requisitos que otras visas laborales temporales y con menos mecanismos de verificación salarial, lo que genera inquietudes sobre equidad y supervisión. Entre ellos, organizaciones de análisis de política pública han subrayado que los empleadores no pagan algunas contribuciones fiscales asociadas a otros esquemas laborales cuando contratan participantes de OPT, un punto que ha sido citado en investigaciones previas del Congreso.
El debate se ha intensificado debido a preocupaciones sobre la capacidad del sistema actual para garantizar que las oportunidades laborales para graduados estadounidenses no se vean afectadas. El Departamento de Trabajo señala en sus informes de empleo que varios sectores técnicos enfrentan una competencia creciente entre quienes buscan sus primeras oportunidades laborales.
Expertos que han estudiado el programa desde una óptica conservadora apuntan que una actualización legislativa podría mejorar la forma en que se supervisa y se aplica la normativa vigente. Al mismo tiempo, grupos académicos y algunas asociaciones educativas argumentan que el OPT expresa el interés del país en atraer talento internacional.
En este contexto, la discusión en el Congreso ha girado hacia una posible reforma.
Legisladores de distintos comités han pedido evaluar la estructura actual del programa, medir sus efectos económicos y determinar si su implementación requiere estándares más claros para garantizar un equilibrio entre movilidad académica y protección laboral para residentes y ciudadanos.
Fuentes oficiales del Servicio de Ciudadanía e Inmigración indican que cualquier cambio sustantivo deberá realizarse mediante acción legislativa.
La conversación permanece abierta, pero coincide en un punto: la necesidad de actualizar las reglas laborales para reflejar un mercado altamente competitivo y garantizar que la política pública responda a los intereses de los trabajadores nacionales sin perder de vista la innovación y la formación de talento.
