La primera consecuencia es laboral: decenas de miles de empleados federales han sido suspendidos sin sueldo.
Estados Unidos comenzó octubre con un escenario ya conocido: un nuevo cierre de gobierno. Tras fracasar el Senado en aprobar una medida de financiamiento temporal, el país enfrenta una parálisis administrativa que golpea a miles de trabajadores y a servicios de los que dependen millones de personas.
Consecuencias inmediatas
La primera consecuencia es laboral: decenas de miles de empleados federales han sido suspendidos sin sueldo. Durante cierres anteriores, el Congreso aprobó posteriormente pagos retroactivos, pero la incertidumbre actual plantea dudas sobre si esta vez ocurrirá lo mismo.
Lo que sigue en marcha
A pesar del cierre, algunos servicios considerados esenciales continúan. Los pagos de Seguridad Social y Medicare llegan con normalidad, y los veteranos de guerra siguen recibiendo apoyos.
La seguridad nacional también se mantiene. La Patrulla Fronteriza, agentes migratorios y las Fuerzas Armadas siguen activos, aunque muchos trabajan sin salario inmediato. Los controladores aéreos también permanecen en sus puestos, evitando que se paralice el transporte aéreo, aunque con el riesgo de ausencias que en cierres previos provocaron retrasos masivos.
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene activos sus pronósticos, fundamentales para emergencias climáticas. De igual forma, continúan las operaciones de las agencias de seguridad nacional y defensa.
En el plano regulatorio, la Agencia de Protección Ambiental (EPA, pos sus siglas en inglés) suspendió a casi 9 de cada 10 empleados, interrumpiendo tareas de control de contaminación y supervisión ambiental. En educación, 87% del personal del Departamento de Educación fue enviado a casa, afectando programas escolares y la gestión de becas.
Una ciudad en pausa
En Washington, la imagen es la de una capital a medio gas: edificios federales cerrados, turistas frente a museos bloqueados y empleados públicos que no saben cuándo volverán a cobrar. El cierre no solo congela oficinas: también deja en suspenso la vida de quienes dependen de ellas.
Un cierre prolongado, como el de 34 días de 2018-2019, puede costar miles de millones de dólares en productividad perdida. La Oficina Presupuestaria del Congreso estimó que aquel episodio restó más de 11,000 millones de dólares a la economía, de los cuales 3,000 millones nunca se recuperaron.
