Los legisladores que afirman proteger la Constitución terminaron admitiendo que no tenían ninguna evidencia que justificara su advertencia.
Seis legisladores demócratas, encabezados por la senadora Elissa Slotkin de Michigan, aparecieron en un video político exhortando a las fuerzas militares a negarse a cumplir supuestas órdenes ilegales del presidente Trump. El mensaje insinuaba una amenaza constitucional grave, pero sin una sola prueba concreta.
El presidente reaccionó con fuerza y calificó el video como un acto de comportamiento sedicioso. La respuesta de los legisladores fue inmediata. Abandonaron la insinuación de ilegalidad que había motivado su participación y se presentaron como víctimas de un supuesto ataque autoritario. Ese cambio de tono dejó al descubierto la fragilidad del argumento. Si existían órdenes ilícitas, ¿por qué nadie podía mencionarlas?
La revelación llegó cuando Slotkin enfrentó preguntas directas en una entrevista televisiva. Tras varios intentos de redirigir la conversación, terminó reconociendo que no estaba al tanto de ninguna orden ilegal emitida por la administración Trump. La declaración no solo contradijo el mensaje central del video, sino que confirmó que la advertencia a los militares se hizo sin fundamento. Pese a ello, intentó justificar el episodio alegando preocupaciones ambiguas relacionadas con operaciones en el Caribe, sin mencionar un solo ejemplo concreto.
Otros legisladores del mismo video tampoco pudieron respaldar sus insinuaciones. La representante Maggie Goodlander, consultada por distintas cadenas, evitó responder cuando se le pidió identificar las supuestas órdenes ilegales. Lo más cercano a una explicación fue una referencia genérica a inquietudes sin especificar dentro de la comunidad de seguridad nacional.
La falta de evidencia ha encendido alarmas fuera del Congreso. Glenn Beck, cofundador de Blaze Media, sostuvo que el mensaje demócrata no estaba dirigido a los soldados, quienes ya conocen los mecanismos legales para cuestionar órdenes. Según Beck, la intención real era enviar una señal internacional de desconfianza hacia el gobierno estadounidense, un gesto que en cualquier otro país sería interpretado como señal de inestabilidad o como una estrategia para debilitar al comandante en jefe. Recordó además que la ley federal 18 USC 2387 penaliza los intentos de fomentar insubordinación o deslealtad dentro de las fuerzas armadas.
La ironía final es contundente. Los legisladores que afirmaron proteger la Constitución terminaron admitiendo que no tenían ninguna evidencia que justificara su advertencia. El resultado fue un mensaje que no debilitó al presidente, sino a la imagen internacional de Estados Unidos. En un momento en que las potencias rivales observan cada gesto de discordia interna, convertir a las fuerzas armadas en arma retórica no solo es irresponsable, sino profundamente peligroso para la estabilidad del país.
