En Estados Unidos, las autoridades han detectado actividad relacionada con esta pandilla en al menos 14 estados.
Una organización criminal nacida en una cárcel venezolana se ha convertido en un actor inesperado dentro del debate migratorio en Estados Unidos. Se trata del Tren de Aragua, una pandilla que, según autoridades, ha extendido su presencia a varios países del continente a medida que millones de venezolanos abandonan su país.
Recientemente, la atención política se ha centrado en este grupo, luego de que el presidente Donald Trump lo mencionara como una amenaza directa a la seguridad nacional. En respuesta, su equipo ha propuesto medidas de control más estrictas, apoyadas en leyes poco utilizadas como el Alien Enemies Act, que permite deportaciones durante tiempos de guerra.
Detrás del debate político hay una realidad compleja. El Tren de Aragua surgió en la década de 2000 en una prisión venezolana y comenzó a expandirse rápidamente aprovechando las rutas de migración. Su modelo se basa en redes de explotación, especialmente en la trata de personas, operando con estructuras informales y difíciles de rastrear.
En Estados Unidos, las autoridades han detectado actividad relacionada con esta pandilla en al menos 14 estados. Los cargos varían: desde tráfico sexual en Tennessee hasta robos y extorsión en Colorado. Sin embargo, su estructura sigue siendo más limitada y menos sofisticada que la de otros grupos criminales transnacionales.
En Aurora, Colorado, varios incidentes han despertado preocupación local. Un complejo de apartamentos donde vivían cientos de venezolanos fue, según exresidentes, el punto de operaciones para miembros del Tren de Aragua, que aprovecharon el abandono del lugar para establecer control. La situación derivó en un secuestro en diciembre de 2023 que llevó a una gran operación policial y a la detención de 19 personas.
Aunque las investigaciones continúan, líderes comunitarios y autoridades coinciden en que la mayoría de los venezolanos recién llegados no tienen vínculos con el crimen organizado. De hecho, muchas veces son víctimas de estas redes. La falta de denuncias, en parte por miedo o desconocimiento del sistema legal, ha dificultado las respuestas efectivas.
El enfoque sobre el Tren de Aragua ha puesto bajo la lupa la necesidad de fortalecer la cooperación entre agencias, revisar los mecanismos de identificación criminal y garantizar que las políticas migratorias no afecten injustamente a comunidades enteras.
Con millones de personas en movilidad y estructuras criminales que se adaptan a contextos frágiles, el caso del Tren de Aragua es, más que una excepción, un síntoma de los desafíos compartidos entre países. Entender sus dinámicas sin caer en simplificaciones será clave para formular respuestas que sean firmes, pero también justas.
