El gobernador Gavin Newsom enfrenta fuertes cuestionamientos tras impulsar una elección especial de redistritación que costará a los contribuyentes alrededor de 230 millones de dólares, pese a haber criticado en el pasado gastos similares.
En 2021, cuando se intentó destituirlo, calificó de “desperdicio partidista” los 276 millones que costó el proceso, pero ahora asegura que “no hay precio para la democracia”. Para grupos opositores, esta postura refleja una evidente contradicción y una agenda centrada en fortalecer su poder político.
Además, Newsom es señalado por marginar la participación ciudadana en el proceso. Mientras la comisión independiente de redistritación creada en 2008 y 2010 permitió la intervención de más de 35,000 ciudadanos, esta vez el mecanismo impulsado por el gobernador reduce la transparencia y limita la voz de los votantes.
Legisladores republicanos y grupos conservadores denuncian que el proceso se realiza a puerta cerrada, con el fin de asegurar un resultado favorable al partido en el poder.
