El Departamento de Justicia, bajo la administración del presidente Donald Trump, presentó el 22 de mayo de 2025 una demanda contra las ciudades de Newark, Hoboken, Jersey City y Paterson, en Nueva Jersey, argumentando que sus políticas de “ciudad santuario” violan la Cláusula de Supremacía de la Constitución al interferir ilegalmente con la aplicación de las leyes federales de inmigración.
La demanda, presentada en el tribunal federal de Nueva Jersey, nombra como demandados a los alcaldes Ras Baraka (Newark), Ravi Bhalla (Hoboken), Steven Fulop (Jersey City) y Andre Sayegh (Paterson), todos demócratas, así como a los concejos municipales de estas ciudades. Según el Departamento de Justicia, las ordenanzas locales prohíben a la policía y otros empleados municipales cooperar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), restringiendo el acceso de agentes federales a inmigrantes indocumentados en custodia local y limitando el intercambio de información crítica. “Por intención y diseño, estas políticas son un asalto frontal a las leyes migratorias federales y a las autoridades que las administran”, declara la denuncia.
El caso se produce en un contexto de tensiones recientes. El 9 de mayo de 2025, el alcalde Baraka, candidato a gobernador de Nueva Jersey, fue arrestado durante una protesta frente al centro de detención de ICE Delaney Hall en Newark, junto con la representante LaMonica McIver, quien enfrenta cargos por presunta agresión a un agente. Aunque los cargos de allanamiento contra Baraka fueron desestimados, el incidente intensificó el conflicto entre las autoridades locales y federales.
Baraka calificó la demanda como “absurda” y defendió las políticas de Newark, argumentando que cumplen con la Constitución y las directrices estatales, incluyendo la Directiva de Confianza para Inmigrantes de Nueva Jersey de 2018, que limita la cooperación policial con ICE. “No estamos obstaculizando la seguridad pública. Nos negamos a convertir nuestra ciudad en una extensión de la aplicación federal de inmigración, un rol que los tribunales han dictaminado no nos corresponde”, afirmó. Baraka también destacó una reducción del 61% en homicidios en Newark desde que asumió el cargo, sugiriendo que las políticas de santuario no comprometen la seguridad.
Los otros alcaldes también rechazaron la demanda. Bhalla, quien en 2018 declaró a Hoboken una “Ciudad Justa y Acogedora”, subrayó el compromiso de su ciudad con la inclusión: “Hoboken trabajará vigorosamente para defender nuestros derechos en la corte y derrotar la ilegalidad de la administración Trump. No retrocedemos”.
Fulop, también candidato a gobernador, ironizó en X: “Jersey City es demandada por ser una ciudad santuario; supongo que MAGA se quedó sin teorías conspirativas esta semana. La verdad es que nuestras políticas protegen familias y han llevado a tasas de crimen históricamente bajas”. Sayegh calificó la acción como “un intento atroz de ganar puntos políticos a expensas de Paterson” y prometió una defensa legal contundente.
La fiscal general Pamela Bondi acusó a los funcionarios locales de priorizar “el espectáculo político” sobre la seguridad comunitaria, advirtiendo que “este Departamento de Justicia no tolerará que funcionarios de ciudades santuario obstruyan la aplicación de leyes migratorias; habrá más litigios”.
Esta demanda es parte de una ofensiva más amplia de la administración Trump contra las ciudades santuario, con acciones legales previas contra Chicago, Denver, Rochester (Nueva York) y el estado de Colorado. El 28 de abril de 2025, Trump firmó una orden ejecutiva ampliando las capacidades de las fuerzas del orden y militares en operativos migratorios, y solicitó al Departamento de Justicia identificar jurisdicciones que limiten la cooperación con ICE. Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), unas 500 ciudades y condados en Estados Unidos son considerados santuarios, incluyendo las cuatro demandadas en Nueva Jersey.
Las ciudades han prometido resistir. Organizaciones como la New Jersey Alliance for Immigrant Justice han instado a Newark, Hoboken, Jersey City y Paterson a ser “un ejemplo nacional de resistencia y defensa de la justicia”. El caso sigue en curso, con las ciudades preparándose para defender sus políticas en los tribunales.
