La Universidad de Harvard intensifica su defensa legal frente a las acciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), luego de que el gobierno federal revocara su autorización para inscribir estudiantes internacionales dentro del Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVP). Esta medida provocó una inmediata reacción de la institución, que presentó una demanda federal el pasado 23 de mayo.
El DHS acusó a Harvard de no proporcionar información requerida sobre estudiantes con visas, además de señalar a la universidad por tolerar protestas pro-Palestina, permitir expresiones consideradas antisemitas y mantener políticas de diversidad catalogadas por el gobierno como “inadmisibles”.
La jueza federal Allison D. Burroughs intervino rápidamente y emitió una orden de restricción temporal para bloquear la revocación. Esta medida, extendida el 29 de mayo, permitió que los más de 6,700 estudiantes internacionales —el 27 % de la comunidad estudiantil— continuaran matriculados.
Sin embargo, el 4 de junio, el presidente Donald Trump firmó una proclama presidencial que impide la entrada de estudiantes internacionales a Harvard, argumentando preocupaciones de seguridad nacional. La jueza Burroughs detuvo nuevamente la acción, advirtiendo que causaría “daños irreparables” a la institución.
Además, Harvard solicitó el 2 de junio un juicio sumario para recuperar $2,500 millones de fondos federales congelados. Dieciocho universidades, incluyendo el MIT y Princeton, presentaron apoyo legal a Harvard el 6 de junio. El caso será evaluado en una audiencia programada para julio.
El presidente interino de Harvard, Alan Garber, denunció las medidas de la administración Trump como una violación a la Primera Enmienda y al debido proceso legal. La Casa Blanca también ha amenazado con retirar el estatus de exención fiscal de la universidad y revisar a fondo las visas de todos sus afiliados internacionales.
