Hobbs pide regulación local, mientras Biggs plantea una intervención estatal más amplia
Arizona atraviesa una controversia creciente en torno a los lectores automáticos de matrículas (ALPR, por sus siglas en inglés), en particular los fabricados por la empresa Flock Safety. En el último mes, cuatro agencias policiales del área metropolitana de Phoenix abrieron investigaciones por presunto uso indebido del sistema, y varias ciudades del Valle han apagado sus cámaras o cancelado contratos con la compañía.
🇺🇸 Tempe, Arizona has shut off all 33 of its Flock license-plate cameras and is ending its contract with the company.
The city says it will not replace the system with another vendor, while nearby Cave Creek has also canceled its Flock contract and removed its cameras.
No… pic.twitter.com/DJbxBHZQ0b
— NewsForce (@Newsforce) August 27, 2026
Entre los casos documentados figura el de un exoficial de la policía de Apache Junction que utilizó el sistema para localizar a su expareja y renunció antes de ser destituido. Ciudades como Tempe, Cave Creek, Chandler y Surprise también han terminado o revisado sus acuerdos con Flock tras hallazgos de auditorías internas. La fiscal general de Arizona, Kris Mayes, lanzó el 27 de agosto una revisión estatal sobre el uso de herramientas de vigilancia en todo el estado.
El debate legal de fondo, según explicó el decano emérito de la Facultad de Derecho de la Universidad de Arizona, Marc Miller, es si el uso policial de estos sistemas constituye una “búsqueda” bajo la Cuarta Enmienda, que protege contra registros irrazonables. Miller señaló que un caso actualmente ante la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito podría marcar un precedente relevante para sistemas ALPR de mayor escala.
En este contexto, los dos principales candidatos a la gobernación de Arizona han expresado posturas distintas. La gobernadora Katie Hobbs sostuvo en un foro reciente con los candidatos de ambos partidos que corresponde al estado establecer límites generales, pero que las autoridades locales deben conservar la decisión de continuar o no utilizando la tecnología en sus comunidades.
Su contendiente, Andy Biggs, planteó una postura más firme. Calificó el avance de esta tecnología como una grave afectación a las libertades en una sociedad libre y afirmó que el estado probablemente deberá intervenir de manera directa respecto al uso de las cámaras Flock.
No todas las autoridades policiales coinciden en suspender el uso de la tecnología. El jefe de policía de Apache Junction, Michael Pooley, defendió que los ALPR han ayudado a resolver numerosos casos y opinó que el problema radica en la supervisión, no en la herramienta misma.
Para un análisis más amplio sobre el funcionamiento de estas cámaras y la controversia que han generado, el programa “Arizona Horizon” de AZPBS entrevistó al abogado Robert McWhirter, mientras que KTAR elaboró un recuento de los municipios y agencias que han dado de baja sus contratos con Flock Safety en los últimos meses.
Una propuesta legislativa que habría convertido en delito grave el mal uso de los sistemas ALPR por parte de oficiales de policía no logró avanzar este año. El senador estatal Kevin Payne, principal impulsor de la iniciativa, dijo que aún no ha decidido si la reintroducirá en 2027.
