La preocupación es que ICE no es precisamente una agencia de bajo perfil.
La agencia de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) acaba de reforzar su arsenal tecnológico con una de las herramientas de espionaje más intrusivas del mercado: Graphite. El software, desarrollado por la compañía israelí Paragon Solutions, permite tomar control total de un teléfono: leer mensajes, acceder a fotos y correos, infiltrarse en apps encriptadas como Signal o WhatsApp e, incluso, encender el micrófono para convertir cualquier dispositivo en un micrófono encubierto.
El contrato, valorado en 2 millones de dólares, fue firmado originalmente en 2024 durante la administración Biden,pero quedó congelado tras revelarse que Graphite había sido utilizado en Italia para vigilar a periodistas, activistas y hasta personas cercanas al Papa Francisco. Aquellos episodios alimentaron las sospechas sobre un posible uso político de la tecnología y chocaban con una orden ejecutiva de Biden de 2023, que prohibía a las agencias estadounidenses adquirir spyware ligado a abusos en el extranjero.
La historia, sin embargo, dio un giro cuando Paragon fue comprada por el fondo estadounidense AE Industrial Partners y fusionada con REDLattice, un contratista de inteligencia con sede en Virginia. Con esa maniobra, la compañía dejó de figurar como proveedor extranjero y se transformó en “socio doméstico”. El 29 de agosto, el brazo cibernético de ICE levantó discretamente la suspensión.
Paragon insiste en que su software se destina a combatir terrorismo y crimen organizado. No obstante, los antecedentes inquietan. WhatsApp denunció en 2025 haber frustrado un ataque con Graphite, y Meta envió a la empresa una carta de cese y desistimiento, evocando la misma batalla legal que emprendió contra NSO Group, creadora del tristemente célebre Pegasus.
La preocupación es que ICE no es precisamente una agencia de bajo perfil. Bajo la conducción de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha expandido la vigilancia sobre inmigrantes, incluyendo monitoreo de redes sociales y contratos con compañías como Palantir y Babel Street, expertas en minería de datos personales. La incorporación de Graphite eleva esas capacidades a un nivel inédito, con potencial para espiar no solo a sospechosos de delitos, sino también a comunidades migrantes, defensores de derechos humanos o disidentes políticos.
Expertos advierten además de un riesgo geopolítico: al ser comercializado en varios países, la misma tecnología que ahora usa Estados Unidos podría quedar al alcance de servicios de inteligencia extranjeros. “Mientras este tipo de spyware mercenario se venda a múltiples gobiernos, el riesgo de contrainteligencia está incrustado”, advirtió John Scott-Railton, investigador de Citizen Lab.
Doble moral digital
El dilema no es menor: Washington lleva años denunciando el uso de Pegasus y otros programas de espionaje contra periodistas y opositores en países autoritarios. Ahora, al adoptar Graphite, se expone a acusaciones de hipocresía. Organizaciones como Access Now alertan que Estados Unidos podría minar su propia credibilidad global mientras abre la puerta a un uso doméstico del spyware para la represión interna.
En tiempos en que la frontera entre seguridad y vigilancia masiva se vuelve cada vez más difusa, la decisión de ICE no solo amplía su poder, sino que coloca a Estados Unidos en el mismo terreno que antes criticaba.
