Al menos ocho litigios han sido presentados, incluyendo acciones lideradas por 22 fiscales estatales y organizaciones de derechos civiles.
El debate sobre la ciudadanía por nacimiento ha dejado de ser un tema meramente académico para convertirse en una de las principales batallas legales de la administración de Trump. En el centro de la controversia está la interpretación de la 14ª Enmienda, que tradicionalmente se ha entendido como la garantía de ciudadanía automática para cualquier persona nacida en suelo estadounidense. Sin embargo, la administración de Trump ha intentado desafiar esta noción mediante una orden ejecutiva que busca negar la ciudadanía a hijos de inmigrantes indocumentados o de personas con visas temporales.
La orden ejecutiva, firmada por Trump en su primer día en el cargo, desató de inmediato una oleada de demandas en tribunales de todo el país. Al menos ocho litigios han sido presentados, incluyendo acciones lideradas por 22 fiscales estatales y organizaciones de derechos civiles como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés). Recientemente, un juez federal en New Hampshire, Joseph Laplante, se convirtió en el tercero en bloquear la medida, concediendo una medida cautelar en favor de grupos defensores de los derechos de los inmigrantes. Su fallo se suma a decisiones similares tomadas la semana pasada por jueces en Washington y Maryland, lo que ha puesto en duda la viabilidad de la orden.
La disputa gira en torno a la interpretación de la cláusula “sujeto a la jurisdicción” dentro de la 14ª Enmienda, una frase que ha sido objeto de debate durante décadas. Según el profesor Kurt Lash, de la Universidad de Richmond, la ciudadanía nacional no solo requiere nacer en territorio estadounidense, sino también cumplir con esta segunda condición, cuyo significado sigue sin estar claramente definido.
Mientras que algunos analistas, apoyan la postura de Trump y sostienen que los hijos de inmigrantes indocumentados no deberían ser considerados ciudadanos, el profesor John Yoo, de la Universidad de California en Berkeley, argumenta que la interpretación tradicional es la correcta y que el presidente está forzando un cambio sin base histórica.
El impacto de la orden de Trump no se ha limitado a los tribunales. En el Congreso, 18 legisladores republicanos, encabezados por el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jim Jordan, presentaron un informe de 23 páginas en defensa de la medida, asegurando que la interpretación actual de la 14ª Enmienda incentiva la inmigración ilegal.
La disputa parece encaminada a la Corte Suprema, donde los nueve jueces podrían decidir si la ciudadanía por nacimiento es un derecho inmutable o una política sujeta a reinterpretación. Mientras tanto, el Departamento de Justicia ha apelado al Noveno Circuito la decisión del juez John Coughenour, quien bloqueó la orden en enero y fijó el 6 de febrero como la fecha para una nueva audiencia.
Para los opositores de la medida, la orden ejecutiva es un ataque directo a la Constitución y un intento de modificar, sin la intervención del Congreso, un principio que ha regido la ciudadanía estadounidense por más de 150 años. Por su parte, la administración de Trump sostiene que la política migratoria del país necesita una revisión profunda y que la ciudadanía por nacimiento no debería aplicarse a hijos de quienes no tienen un estatus legal en el país.
Con posturas enfrentadas en todos los niveles del gobierno y la sociedad, el caso de la ciudadanía por nacimiento se perfila como una de las batallas legales más significativas de la administración Trump. Su desenlace podría redefinir no solo el concepto de ciudadanía en Estados Unidos, sino también el futuro de millones de personas nacidas en el país bajo circunstancias ahora cuestionadas por el gobierno federal.
