En una victoria significativa para los defensores del constitucionalismo originalista, la Corte Suprema de EE. UU. falló 6-3 a favor de limitar la capacidad de los jueces federales para imponer medidas cautelares a nivel nacional, frenando así el alcance excesivo del poder judicial y preparando el terreno para futuras reformas a la política de ciudadanía por nacimiento.
Aunque la decisión no cambia de inmediato la interpretación actual de la Enmienda 14, representa un cambio clave en la forma en que se disputan los poderes ejecutivos en los tribunales. El fallo otorga a la administración Trump mayor flexibilidad para aplicar sus políticas a nivel regional mientras continúan las batallas legales, un avance importante dentro del esfuerzo más amplio por restaurar claridad y límites en la interpretación constitucional.
El presidente Trump firmó una orden ejecutiva en su primer día de regreso en el cargo para restringir la ciudadanía automática a hijos nacidos de personas que se encuentran en el país ilegalmente o con visas temporales. La administración argumenta que la intención original de la Enmienda 14, aprobada tras la Guerra Civil, nunca fue otorgar ciudadanía automática a los hijos de extranjeros sin estatus migratorio legal permanente.
En la opinión mayoritaria, la jueza Amy Coney Barrett destacó la necesidad de moderación judicial, señalando que las medidas cautelares a nivel nacional amenazan con convertir a los tribunales en superlegisladores no electos. Su argumento refuerza la importancia de respetar la separación de poderes y de limitar a los tribunales federales a resolver únicamente los casos específicos ante ellos.
La jueza Sonia Sotomayor, en su disenso, expresó preocupación de que este cambio permita la implementación regional de ciertas políticas antes de que exista una decisión legal uniforme. No obstante, quienes apoyan el fallo afirman que este enfoque descentralizado es coherente con el federalismo y permite un análisis judicial más profundo sin detener por completo la gobernabilidad.
El presidente Trump celebró la decisión, calificándola como “una restauración del equilibrio entre los poderes del gobierno”. Defensores de la reforma migratoria consideran que este fallo abre la puerta para revisar interpretaciones obsoletas que han alimentado la inmigración ilegal descontrolada y han puesto en tensión los recursos nacionales.
Aunque los litigios continuarán en tribunales inferiores, esta decisión crea una oportunidad para replantear suposiciones de larga data sobre la ciudadanía por nacimiento y si la Constitución realmente la exige en todos los casos. El resultado podría tener implicaciones profundas para la política migratoria, la identidad nacional y el respeto al estado de derecho en Estados Unidos.
