La pregunta ya no es si las leyes de armas cambiarán, sino cuánto y qué tan rápido.
El debate sobre el control de armas en Estados Unidos ha sido una batalla constante en el Congreso y los tribunales. Pero detrás del telón, una operación legal bien financiada y altamente coordinada ha estado trabajando para debilitar las restricciones a las armas de fuego a nivel nacional. En el centro de esta estrategia se encuentra el Constitutional Defense Fund (CDF), una organización que ha canalizado millones de dólares para desafiar y derribar regulaciones sobre armas en todo el país.
Un proyecto con origen religioso
La historia de esta cruzada comienza en la Iglesia Bíblica McLean, una megacongregación evangélica en Virginia donde han asistido figuras políticas de alto perfil, desde Mike Pence hasta Donald Trump. En 2017, un pastor de la iglesia, Dale Sutherland, fundó una organización sin fines de lucro llamada Act2Impact, inicialmente dedicada al evangelismo y la ayuda humanitaria.
Sin embargo, en 2019, la misión cambió drásticamente. Act2Impact fue rebautizada como Constitutional Defense Fund, con el objetivo de “promover y asegurar” los derechos constitucionales, en particular el derecho a portar armas. Desde entonces, la organización ha canalizado más de $14 millones hacia demandas estratégicas contra restricciones de armas en Estados Unidos.
El Plan para redefinir las Leyes de Armas
El objetivo final del CDF es claro: llevar estas demandas hasta la Corte Suprema, que podría establecer precedentes para modificar las regulaciones sobre armas. Esto se reflejó en el fallo en New York State Rifle & Pistol Association v. Bruen, que invalidó las restricciones de Nueva York para portar armas ocultas y estableció un nuevo estándar para evaluar todas las leyes de armas a nivel nacional.
Los arquitectos del Proyecto
Uno de los principales arquitectos legales de este esfuerzo es Charles Cooper, un abogado con décadas de experiencia en el Departamento de Justicia y asesor legal de figuras políticas influyentes. Su firma, Cooper & Kirk, ha trabajado con legisladores y líderes que apoyan la expansión de los derechos de armas.
Para garantizar que estos casos lleguen a los tribunales, CDF colabora con organizaciones como la Second Amendment Foundation y la Firearms Policy Coalition, que reclutan demandantes y financian litigios. Desde 2020, estos grupos han cuadruplicado la cantidad de casos presentados en tribunales federales.
El avance de este plan está en marcha, y con la actual composición de la Corte Suprema, las restricciones están cayendo a un ritmo sin precedentes. Sin grandes debates públicos ni votaciones en el Congreso, la transformación de las leyes de armas en Estados Unidos se está produciendo en silencio, demanda tras demanda.
