Cerrar ese espacio, según el departamento, ahorrará 424 mil dólares en 2026.
La nueva etapa de recortes federales llegó al Departamento de Educación con una decisión que, para muchos contribuyentes, ya venía tarde. La agencia anunció el cierre de su propia clínica interna, un mini consultorio que costaba casi medio millón de dólares al año y operaba apenas dos horas al día, con una demanda tan baja que ni siquiera justificaba encender las luces.
La decisión es parte del esfuerzo de la administración Trump por desinflar una burocracia que, durante décadas, creció sin supervisión. Según datos oficiales, la clínica costaba cerca de 500 mil dólares anuales, pero en 2024 solo atendió a sesenta empleados y ofreció 267 servicios, lo que equivale a más de mil cuatrocientos dólares por interacción. En la mayoría de los días no atendía a un solo paciente.
Además, el consultorio tenía limitaciones dignas de una sátira administrativa: no podía dispensar medicamentos básicos, cobraba por cada acción mínima, desde tomar la presión hasta usar la báscula, y mantenía un horario reducido de once de la mañana a una de la tarde.
Cerrar ese espacio, según el departamento, ahorrará más de 27 mil dólares en el resto del año fiscal 2025 y otros 424 mil dólares en 2026. Para la Casa Blanca, es una muestra más de lo que consideran sentido común: dejar de financiar oficinas que existen solo por inercia.
Savannah Newhouse, vocera del Departamento de Educación, lo resumió con un mensaje que marca el rumbo de su agencia: el gobierno no seguirá permitiendo que “los dólares de los contribuyentes salgan por la puerta en piloto automático.” En su visión, cada dólar recuperado es un dólar que puede volver a su propósito original: los estudiantes.
Pero la clausura de la clínica es solo el prólogo de algo más grande. La secretaria de Educación, Linda McMahon, continúa avanzando en lo que podría convertirse en la reestructuración más profunda del departamento en su historia moderna. La agencia anunció que varias de sus oficinas clave serán transferidas a otras dependencias federales: La Oficina de Educación Primaria y Secundaria, y la de Educación Postsecundaria, pasarán al Departamento de Trabajo. La Oficina de Educación Indígena se moverá al Departamento del Interior. Los programas internacionales y de lenguas extranjeras, incluido Fulbright-Hays, quedarán bajo la órbita del Departamento de Estado.
Para los republicanos, el objetivo es claro: regresar la educación a donde, aseguran, siempre debió estar, en manos estatales y locales, no bajo un aparato federal inflado. Karoline Leavitt, portavoz de la administración, celebró estos cambios como un paso decisivo hacia esa meta.
En Washington, pocos movimientos envían señales tan claras como eliminar oficinas que dejaron de tener sentido práctico hace años. Y para la administración Trump, este es apenas el inicio.
