Kris Mayes evalúa “caso por caso” si respaldará la Proposición 314 mientras un tribunal federal decide su constitucionalidad
La fiscal general de Arizona, la demócrata Kris Mayes, se negó esta semana a comprometerse a defender la constitucionalidad de la Proposición 314, la medida migratoria que los votantes de Arizona aprobaron en 2024 por casi dos tercios de los votos.
AG Kris Mayes won’t say if she’ll defend a law allowing state and local police to arrest people entering Arizona illegally between ports of entry.https://t.co/yvXhsNzEJU
— AZ Capitol Times (State Affairs Arizona) (@AzCapitolTimes) August 5, 2026
En una conferencia de prensa el lunes, Mayes reconoció que parte de su trabajo consiste en defender las leyes estatales, y destacó que su oficina ya logró que un juez federal rechazara una solicitud para bloquear temporalmente la aplicación de la norma mientras avanza una demanda en su contra. Sin embargo, evitó decir si defenderá la ley en cuanto al fondo del asunto una vez que ese debate llegue a los tribunales. “Lo que puedo decir es que todavía no hemos llegado a ese punto”, afirmó, según reportó Arizona Capitol Times.
La Proposición 314, conocida como “Secure the Border Act”, permite a la policía estatal y local arrestar a personas sospechosas de haber cruzado la frontera fuera de un puerto de entrada legal, además de endurecer las penas por delitos relacionados con el fentanilo y por el uso de información falsa para obtener empleo o beneficios gubernamentales. La disposición más polémica, conocida en los expedientes judiciales como “Sección 5”, entró en vigor el 14 de julio, después de que un tribunal de apelaciones revalidara una ley similar en Texas.
El Florence Immigrant & Refugee Rights Project presentó una demanda el mes pasado alegando que la Proposición 314 usurpa de manera inconstitucional facultades que corresponden al gobierno federal en materia migratoria, citando el fallo de la Corte Suprema de 2012 que anuló partes clave de la ley SB 1070. El juez federal Michael Liburdi rechazó la solicitud de bloqueo temporal, señalando que el grupo demandante no había demostrado un perjuicio legal directo, ya que hasta el momento nadie ha sido arrestado bajo la nueva ley, según detalló Tucson.com.
Mayes ha señalado en el pasado que se opuso a la medida por razones de política pública, citando preocupaciones sobre financiamiento para las agencias policiales locales y el riesgo de perfilamiento racial, pero insiste en que esa postura no determina su análisis legal sobre la constitucionalidad de la ley. La funcionaria, que busca la reelección en noviembre, también argumentó ante el tribunal que es prematuro bloquear la norma, pues el grupo demandante “no ha demostrado y probablemente no pueda demostrar” que alguien haya sido arrestado, detenido o procesado bajo la disposición, de acuerdo con documentos citados por Arizona Mirror.
El juez Liburdi ha programado una audiencia para la próxima semana con el fin de discutir los siguientes pasos del litigio sobre la constitucionalidad de la ley.
