El proyecto recorta $1.2 billones en gastos y frena $500 mil millones más en créditos fiscales verdes.
Donald Trump firmó el “One Big Beautiful Bill Act” durante el Día de la Independencia en la Casa Blanca. Más allá de su nombre extravagante, esta legislación podría convertirse en el mayor logro legislativo de su segundo mandato, no solo por su impacto inmediato, sino por lo que representa: el fin de décadas de manipulaciones fiscales temporales en el Congreso.
Durante años, republicanos y demócratas han jugado con las reglas fiscales al aprobar recortes y beneficios con fecha de caducidad. Esto les permitía obtener buenos puntajes presupuestarios sin comprometerse realmente con el gasto a largo plazo. Luego, año tras año, extendían esos “cambios temporales” sin asumir el costo político ni económico de hacerlos permanentes.
El “Big, Beautiful Bill” rompe con esa tradición. La ley consolida el grueso del código fiscal de manera permanente, eliminando la incertidumbre que durante décadas pesó sobre contribuyentes, inversionistas y empresas. Entre otros puntos, la norma evita un aumento de impuestos de $4 billones previsto para enero, mantiene recortes fiscales de 2017, y preserva deducciones clave como el crédito tributario por hijos y el estándar general.
Aunque algunos conservadores critican la extensión del documento —más de 800 páginas—, el consenso entre sus defensores es que el tamaño refleja su ambición: ordenar un sistema fiscal plagado de parches. Y no solo eso. El proyecto elimina múltiples subsidios relacionados con políticas climáticas del “Green New Deal”, recorta $1.2 billones en gastos y frena $500 mil millones más en créditos fiscales verdes.
Algunas provisiones caducan tras 2028 y ciertos subsidios verdes tendrán un período de transición. Pero, en conjunto, resuelve el 90% de las cláusulas fiscales que hasta ahora pendían del limbo legislativo.
El efecto inmediato: menos margen para los cabilderos que se beneficiaban de la incertidumbre fiscal y más claridad para quienes deben planear su futuro económico. Si bien no elimina el déficit ni corrige el nivel actual de gasto público, la nueva ley representa un paso hacia una lectura más realista de las finanzas del país.
En un Washington donde por años se ha optado por soluciones temporales y estimaciones ajustadas, este enfoque apunta a mayor transparencia. La pregunta ahora es si el resto del Congreso está dispuesto a vivir con esa nueva realidad.
