Maduro rechazó los cargos y su defensa anticipa que cuestionará la jurisdicción del tribunal y la legalidad del procedimiento de su captura.
Nicolás Maduro compareció este lunes 5 de enero ante una corte federal en Nueva York, donde se declaró inocente de los cargos presentados por los fiscales estadounidenses, entre ellos conspiración para el narcotráfico y colaboración con organizaciones armadas. La audiencia, de carácter inicial y procesal, forma parte de un caso abierto desde el 2020 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y marca un nuevo capítulo en la relación entre Washington y Caracas.
De acuerdo con documentos judiciales, las acusaciones sostienen que Maduro habría participado durante años en redes que facilitaron el envío de cocaína a Estados Unidos, utilizando estructuras estatales venezolanas para proteger operaciones criminales. El caso está siendo procesado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, una jurisdicción que suele encargarse de investigaciones de alto perfil vinculadas a delitos financieros y de narcotráfico internacional.
Durante su comparecencia, Maduro rechazó los cargos y su defensa anticipó que cuestionará la jurisdicción del tribunal y la legalidad del procedimiento. La corte fijó futuras audiencias mientras el proceso avanza, un camino legal que podría extenderse por meses o incluso años, dependiendo de los recursos y mociones que presenten ambas partes.
Desde Washington, el presidente Donald Trump confirmó públicamente la comparecencia de Maduro y reiteró que su administración considera el caso como una investigación criminal relacionada con el narcotráfico y la seguridad nacional. Trump señaló que Estados Unidos mantiene abiertas distintas opciones si persisten amenazas asociadas a redes criminales con impacto directo en territorio estadounidense, aunque no ofreció detalles adicionales.
Mientras Maduro permanece bajo custodia en Estados Unidos, el gobierno venezolano activó un relevo político inmediato. La vicepresidenta Delcy Rodríguez juró como presidenta interina, en una ceremonia respaldada por el aparato institucional del régimen. El movimiento busca garantizar continuidad administrativa en medio de un escenario de alta incertidumbre política y presión internacional.
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La situación ha generado reacciones diversas a nivel internacional. Algunos gobiernos han planteado dudas sobre el alcance legal del procedimiento, mientras que autoridades estadounidenses sostienen que el caso se basa en investigaciones penales con evidencia acumulada durante años. Para Washington, el proceso se inscribe en una estrategia más amplia de combate al narcotráfico y a estructuras estatales que, según sus evaluaciones, han facilitado economías criminales.
Por ahora, el foco inmediato está en el desarrollo del proceso judicial en Nueva York y en la evolución del escenario político venezolano bajo el liderazgo interino. Ambos frentes serán determinantes para el futuro diplomático y legal de Venezuela en los próximos meses.
