La Casa Blanca rescindió recientemente las autorizaciones de uso de emergencia para las vacunas contra el COVID.
California decidió no seguir al pie de la letra las últimas directrices de Washington en materia de vacunas contra el COVID-19. El gobernador Gavin Newsom anunció que el estado se unirá a Oregón y Washington para formar la West Coast Health Alliance, un frente sanitario regional que busca elaborar sus propias guías de inmunización. La medida llega en respuesta a lo que Newsom calificó como la “politización” de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).
La alianza marca la primera vez que estados demócratas coordinan públicamente un rechazo a las políticas de la administración Trump en el terreno de la salud pública. El detonante fue la decisión del secretario federal de Salud, Robert F. Kennedy Jr., de restringir las vacunas contra el COVID a grupos de alto riesgo, dejando fuera a niños y mujeres embarazadas sanas.
Según los gobernadores, la estrategia del oeste busca devolver el liderazgo a la ciencia. Cada estado diseñará su propio camino en función de su marco legal y sus necesidades locales, pero todos coinciden en un principio: recuperar la confianza pública en las vacunas con recomendaciones sustentadas en evidencia médica.
Erica Pan, directora de salud pública de California, advirtió que el desmantelamiento de las instituciones sanitarias y la exclusión de expertos “están poniendo vidas en riesgo”. Newsom fue más directo: “El CDC se ha convertido en un instrumento político que vende ideología en lugar de ciencia. No permitiremos que nuestros estados queden expuestos a ese riesgo”.
La administración federal respondió con dureza. Andrew Nixon, vocero del Departamento de Salud y Servicios Humanos, acusó a los estados demócratas de ser los verdaderos responsables de la desconfianza ciudadana hacia las agencias de salud. Aseguró que las políticas nacionales seguirán basándose en “evidencia rigurosa” y no en “las políticas fallidas de la pandemia”.
El contexto es complejo. La Casa Blanca rescindió recientemente las autorizaciones de uso de emergencia para las vacunas contra el COVID. Aunque la FDA aprobó refuerzos para pacientes de alto riesgo, en varios estados los farmacéuticos ya no pueden administrarlos directamente. En California, sin embargo, farmacias como CVS todavía ofrecen dosis sin receta, y aseguradoras como Aetna, Blue Cross y Kaiser han confirmado que seguirán cubriéndolas sin costo.
La pugna no es solo técnica: refleja dos visiones opuestas sobre el papel del gobierno en la salud pública. Mientras la administración Trump apuesta por limitar el acceso y reducir el alcance federal, la costa oeste intenta llenar el vacío con una narrativa de autonomía científica. Lo que está en juego es más que una campaña de vacunación: es la credibilidad de las instituciones en medio de una ciudadanía cansada de mensajes contradictorios.
