También anunció una colaboración más estrecha con el Departamento de Seguridad Nacional para desmantelar a los cárteles que operan en territorio estadounidense.
En su primer día como fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi dejó claro que no habrá concesiones en materia migratoria. Apenas unas horas después de juramentar, ordenó suspender el financiamiento federal a las llamadas “ciudades santuario”, aquellas jurisdicciones que limitan su cooperación con las autoridades migratorias. Además, instruyó al Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) a revisar los fondos destinados a organizaciones que brindan servicios a inmigrantes indocumentados y a reforzar la persecución de las redes criminales transnacionales.
Como parte de su estrategia, Bondi ordenó investigar a las ciudades y estados que han obstaculizado las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), advirtiendo que el DOJ buscará acciones legales contra quienes interfieran con los esfuerzos federales para detener y deportar a inmigrantes en situación irregular. También anunció una colaboración más estrecha con el Departamento de Seguridad Nacional para desmantelar a los cárteles que operan en territorio estadounidense, con un enfoque en atacar su estructura y no solo a sus miembros de menor rango.
En su primera jornada, Bondi impulsó la expansión de la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcan, una iniciativa del DOJ destinada a combatir la pandilla conocida como MS-13, que ahora también incluirá operaciones contra el Tren de Aragua, un grupo criminal venezolano con creciente presencia en Estados Unidos. Asimismo, pidió revisar la legislación sobre el tráfico de fentanilo, enfocándose en el control del equipo utilizado para fabricar pastillas ilegales.
Pero el mayor enfrentamiento legal se dio contra Nueva York. Bondi presentó una demanda federal contra la gobernadora Kathy Hochul y la fiscal general Letitia James, argumentando que la “Ley de Luz Verde” —que prohíbe compartir información de licencias de conducir con las autoridades migratorias— interfiere con la aplicación de la ley federal. Según el DOJ, esta norma limita la capacidad del gobierno para hacer cumplir las leyes de inmigración, mientras que Nueva York defiende su derecho a proteger la privacidad de sus residentes.
“No permitiremos que los estados prioricen a los inmigrantes ilegales sobre los ciudadanos estadounidenses”, declaró Bondi, advirtiendo que Illinois ya fue demandado por una legislación similar y que otros estados podrían enfrentar acciones legales si no cumplen con la normativa federal.
Además, Bondi eliminó la moratoria sobre la pena de muerte en casos de tráfico violento de drogas y estableció un nuevo grupo de trabajo dentro del DOJ para investigar el uso del sistema judicial con fines políticos, con especial atención en las investigaciones contra Donald Trump. También envió una advertencia a los abogados del DOJ, señalando que aquellos que se nieguen a defender las políticas del presidente enfrentarán sanciones e incluso el despido.
El mensaje es claro: el DOJ de Bondi será una herramienta clave en la agenda de la administración Trump. En un solo día, la nueva Fiscal General trazó un camino de confrontación con estados y ciudades que desafíen su visión de ley y orden, sentando las bases para una serie de batallas judiciales que podrían redefinir la relación entre el gobierno federal y los estados en materia migratoria.
