La congresista podría enfrentar hasta 53 años de prisión si es declarada culpable.
La política de Florida enfrenta uno de sus mayores escándalos en años. Una congresista federal, recién llegada a Washington y promotora de programas de salud comunitaria, ahora está acusada de apropiarse de 5 millones de dólares destinados a emergencias y de usarlos para apuntalar su campaña electoral. El caso involucra contratos de vacunación por Covid, un entramado de cuentas bancarias y una trama de aportaciones políticas encubiertas que ha encendido alarmas sobre el uso de recursos públicos en plena crisis sanitaria.
La acusación formal, aprobada por un gran jurado en Miami, sostiene que la legisladora Sheila Cherfilus McCormick y su hermano Edwin recibieron un sobrepago millonario a través de Trinity Healthcare Services, la empresa familiar que operó un contrato financiado por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias durante la pandemia. En lugar de devolver esos fondos, los fiscales aseguran que ambos organizaron un desvío silencioso. Según el expediente, el dinero circuló por múltiples cuentas para ocultar su origen y terminó financiando gastos esenciales de su campaña por el escaño que disputó en 2021, además de cubrir beneficios personales.
El documento judicial agrega un ingrediente más: aportaciones políticas camufladas. Cherfilus McCormick y una colaboradora, Nadege Leblanc, habrían desviado recursos del contrato de vacunación a conocidos y familiares para que estos donaran a la campaña como si fueran recursos propios, una práctica prohibida y que apunta directamente a la integridad del sistema electoral. Los fiscales también acusan a la congresista y a su asesor fiscal de inflar deducciones, disfrazar gastos personales como gastos de negocio y manipular su declaración tributaria para reducir su carga fiscal.
El Departamento de Justicia no suavizó el mensaje. La fiscal general de Florida calificó el presunto esquema como un acto de egoísmo extremo, una traición que golpea la confianza en la administración de fondos diseñados para ayudar a comunidades en momentos de desastre. La oficina del fiscal federal en Miami subrayó que se trata de dinero público y que cualquier intento de utilizarlo con fines personales o políticos erosiona la confianza en las instituciones.
La congresista, que podría enfrentar hasta 53 años de prisión si es declarada culpable, insiste en su inocencia y denuncia el caso como un ataque sin fundamento. Sus abogados prometen una defensa contundente. Pero la presión no viene solo de los tribunales. La Cámara de Representantes ya abrió una investigación ética y un legislador republicano anunció que impulsará una resolución para expulsarla, un movimiento inusual pero no sin precedentes cuando las acusaciones son tan graves.
Aunque el proceso judicial apenas comienza y todas las personas señaladas mantienen la presunción de inocencia, el caso ya reabre un debate más amplio: cómo supervisar a funcionarios que manejan fondos de emergencia y cómo evitar que programas creados para salvar vidas terminen en manos de quienes ven en ellos una oportunidad política.
