Cuando las familias sienten el peso de la gasolina, la vivienda y los alimentos, los recortes de impuestos vuelven al centro del debate
En un momento en que muchas familias en Arizona enfrentan presión económica por el costo de la vivienda, los alimentos y la gasolina, el estado acaba de aprobar un presupuesto que promete alivio fiscal directo. La gobernadora Katie Hobbs firmó el sábado un paquete bipartidista de $18.3 mil millones, evitando un cierre del gobierno estatal y poniendo los recortes de impuestos en el centro de la conversación política.
The Arizona budget fight is over. Now comes the hard part: figuring out who won. The Gaggle breaks down the deals, drama and compromises behind the state’s $18 billion spending plan. https://t.co/vR2Mn36V8u
— azcentral (@azcentral) June 18, 2026
Uno de los elementos centrales del acuerdo es la alineación del código fiscal estatal con los recortes federales implementados en la legislación conocida como “One Big Beautiful Bill” del presidente Donald Trump. Esto supone $1.4 mil millones en recortes de impuestos durante tres años, incluyendo la eliminación de impuestos sobre propinas y horas extra, un aumento en la deducción estándar, una deducción de $6,000 para personas mayores y un crédito fiscal ampliado para el cuidado de niños.
A cambio, los demócratas lograron una victoria clave: una moratoria de tres años sobre nuevos incentivos fiscales para centros de datos, lo que según la oficina de la gobernadora ahorrará al estado $57 millones. Hobbs había propuesto originalmente eliminar por completo dichos incentivos. El presupuesto también incluye recortes del 2.5% en agencias estatales, una reducción desde el 5% que los republicanos habían propuesto en su plan inicial.
El acuerdo dejó fuera varias prioridades de la gobernadora. La más notable es la renovación de la Proposición 123, que desde 2016 aportaba cerca de $300 millones anuales para la educación pública K-12 desde el fideicomiso de tierras estatales. En su lugar, el presupuesto destina alrededor de $300 millones del fondo general. Tampoco se incluyeron reformas al programa de vales escolares conocido como Empowerment Scholarship Accounts (ESA), que supera los $1,000 millones anuales y que ha sido criticado tras reportes de que algunos padres usaron los fondos para adquirir electrodomésticos y ropa interior.
En las últimas horas de la sesión legislativa, los republicanos aprobaron la Resolución Concurrente de la Cámara 2048, que someterá a los votantes en noviembre una medida que podría invalidar la iniciativa ciudadana “Protect Education”, diseñada precisamente para regular el programa ESA. La resolución protege fondos de vales para familias militares, pero contiene una cláusula que anularía la iniciativa popular si ambas medidas son aprobadas simultáneamente por los votantes.
El presupuesto también asignó $55.8 millones para el cumplimiento de mandatos judiciales relacionados con la atención médica en prisiones, cifra significativamente menor a los $118.3 millones solicitados por Hobbs en el marco del litigio de Jensen v. Thornell. Asimismo, incluyó $48 millones para programas de cuidado infantil, $58 millones para operaciones de seguridad infantil y una bonificación del 4% para oficiales de correccionales.
Con la firma del presupuesto, la Legislatura de Arizona dio por concluida su sesión, aunque la gobernadora aún tiene pendiente revisar más de 200 proyectos de ley.”
