Progress Residential y Pretium Partners pagarán 49.75 millones de dólares para resolver cargos de la FTC y cuatro estados
El acuerdo propuesto, el mayor caso de la agencia contra un arrendador, exige precios de renta transparentes y reglas claras para los depósitos de seguridad
La Comisión Federal de Comercio (FTC) y cuatro estados anunciaron un acuerdo propuesto con Progress Residential, la mayor administradora de viviendas unifamiliares en renta del país, y con su propietaria, la firma de capital privado Pretium Partners. Según el comunicado oficial de la FTC, las empresas pagarán 49.75 millones de dólares para resolver los cargos. La agencia lo describe como el mayor caso de aplicación de la ley contra un arrendador en su historia.
Progress Residential and owner Pretium Partners to pay $49.75 million to settle FTC and states’ charges over deceptive rental pricing practices and other unlawful conduct: https://t.co/cabuHSIbXa /1
— FTC (@FTC) November 6, 2026
La demanda fue presentada junto con Arizona, Colorado, Indiana y Utah. Alega que las empresas anunciaron precios de renta que no reflejaban el costo real, cobraron tarifas ocultas, no inspeccionaron las viviendas antes de la mudanza y retuvieron indebidamente depósitos de seguridad. También alega que restringieron reseñas negativas y ofrecieron un servicio al cliente deficiente. Según la queja, desde al menos 2021 esos cargos, que muchas veces se descubrían después de firmar el contrato o mudarse, costaron a los consumidores decenas de millones de dólares. Progress administra más de 90.000 viviendas en 17 estados.
Entre las prácticas señaladas figura la publicidad de un precio mensual que omitía cargos obligatorios, como tarifas de “hogar inteligente” o de “administración de servicios”. También se menciona un cargo por no presentar comprobante de seguro de inquilino, que muchos descubrían en su primera factura. La queja agrega que casas promocionadas como “listas para mudarse” requerían reparaciones o limpieza, y que se retuvieron depósitos por desgaste normal. Además, muchos inquilinos nunca recibieron el estado de cuenta detallado prometido en 30 días. Otro punto son las cláusulas de no menosprecio, que prohíben comentarios negativos sobre la empresa.
Del total, 48.5 millones de dólares irán a la FTC para reembolsar a los consumidores afectados, y 1.25 millones a Arizona. La queja indica que la mayor parte de la conducta ocurrió bajo la administración anterior y que la nueva dirección ha tomado medidas para corregir los problemas.
La orden propuesta exige que Progress anuncie el “precio total mensual de renta”, con todos los cargos recurrentes obligatorios, de forma más visible que cualquier otro precio. También prohíbe afirmar que las casas son inspeccionadas antes de la mudanza, a menos que sea cierto. Las empresas deberán establecer un proceso uniforme de reembolso de depósitos, con capacitación y registros, y entregar un estado de cuenta detallado en un máximo de 30 días o el plazo que fije la ley estatal. No podrán descontar por desgaste normal, condiciones previas a la ocupación ni ciertas renovaciones, ni exigir cláusulas estandarizadas de no menosprecio.
La votación de la Comisión para presentar el caso fue de 2-0, y la demanda se presentó en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Norte de Georgia. Se trata de alegaciones, y la orden tendrá fuerza de ley cuando el juez la apruebe y firme.
Christopher Mufarrige, director de la Oficina de Protección al Consumidor de la FTC, señaló que la transparencia en precios ayuda a comparar opciones y fomenta la competencia.
Los consumidores pueden consultar orientación en consumer.ftc.gov y reportar prácticas comerciales indebidas en ReportFraud.ftc.gov.
