En Charlotte, la fiscalía reconoció que muchos acusados con enfermedades psiquiátricas no reciben evaluaciones oportunas para determinar si son aptos para ser juzgados.
La muerte de Iryna Zarutska, una joven refugiada ucraniana de 23 años, ha desatado un intenso debate en Estados Unidos sobre las deficiencias del sistema judicial y el abandono de la salud mental.
Zarutska fue atacada el mes pasado mientras viajaba en un tren ligero en Charlotte. Un video difundido por las autoridades muestra cómo un hombre se acerca por detrás y la apuñala varias veces sin aparente motivo. El presunto agresor, Decarlos Brown Jr., de 34 años, enfrenta cargos por asesinato en primer grado.
La tragedia ha generado indignación nacional. El presidente Donald Trump envió un mensaje de condolencias a la familia y lo calificó como un acto “horrible”. También expresó en su mensaje la necesidad de “mano dura” contra el crimen. En Carolina del Norte, el gobernador demócrata Josh Stein exigió más recursos policiales, mientras que líderes republicanos culparon a jueces y fiscales por liberar a delincuentes reincidentes.
El historial de Brown alimenta estas críticas. Pasó ocho años en prisión por robo a mano armada y acumuló varias condenas por delitos violentos. Sin embargo, también había sido diagnosticado con esquizofrenia y se encontraba en situación de calle. Su madre declaró a medios locales que el ataque “pudo haberse evitado” si el sistema hubiera actuado antes.
El caso pone en evidencia un problema estructural: la falta de coordinación entre justicia y salud mental. En Charlotte, la fiscalía reconoció que muchos acusados con enfermedades psiquiátricas no reciben evaluaciones oportunas para determinar si son aptos para ser juzgados. Algunos permanecen años en hospitales sin tratamiento adecuado, y en ocasiones los cargos son finalmente desestimados, devolviéndolos a la calle sin seguimiento.
North Carolina arrastra, además, un déficit crónico en atención psiquiátrica. Tras el cierre de camas hospitalarias en los años 2000, las salas de emergencia pueden tardar en promedio 16 días en encontrar espacio para pacientes en crisis. A esto se suma la ausencia de refugios individuales para personas sin hogar, lo que deja a enfermos mentales en condiciones de alta vulnerabilidad y, a veces, de riesgo para otros.
La presión política se intensifica. Mientras republicanos como el congresista Randy Fine proponen sancionar a jueces que liberen reincidentes peligrosos, fiscales locales reclaman más personal y recursos para atender un volumen creciente de casos: solo en Charlotte hay unas 300 investigaciones de homicidio pendientes.
En su obituario, la familia de Zarutska recordó que había huido de la guerra en Ucrania en 2022 junto a su madre y hermanos, y que en Estados Unidos encontró un espacio para desarrollar su pasión artística y su amor por los animales. “Su ausencia deja un vacío profundo”, escribieron.
El asesinato de la joven simboliza un choque de crisis acumuladas: un sistema judicial desbordado, un aparato de salud mental insuficiente y un debate político donde la seguridad pública se convierte en bandera electoral. Más allá de la indignación, el reto será traducir la tragedia en soluciones que impidan que historias como la de Zarutska se repitan.
