La administración Trump enfrenta críticas de 20 estados por un esfuerzo federal destinado a proteger los programas financiados por los contribuyentes contra el abuso. El centro del conflicto es la decisión del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) de compartir datos de inscripción en Medicaid con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), con el objetivo de asegurar que solo las personas elegibles—principalmente ciudadanos estadounidenses y residentes legales—reciban beneficios públicos de salud.
Los críticos, encabezados por fiscales generales demócratas de estados como California e Illinois, alegan que la transferencia de datos violó leyes de privacidad. Pero la administración sostiene que estas acusaciones ignoran una realidad fundamental: Medicaid es un programa respaldado por fondos federales con criterios de elegibilidad claros, y los esfuerzos estatales por extender cobertura a inmigrantes indocumentados, aunque financiados localmente, pueden generar vulnerabilidades en el sistema general.
“Esto se trata de proteger la integridad de los programas federales de salud y asegurar que el dinero del contribuyente no se desvíe silenciosamente para apoyar la inmigración ilegal”, declaró un alto funcionario del HHS. “Cada dólar mal utilizado es un dólar que se le quita a alguien que realmente lo necesita”.
Los datos en cuestión incluyen nombres, estatus migratorio e historiales médicos, información crítica que puede ayudar al DHS a confirmar si se han violado las reglas federales. Funcionarios señalan que el intercambio de datos entre agencias federales con fines de cumplimiento legal es legal y común, especialmente cuando hay cuestiones de seguridad nacional o fraude en beneficios.
Inicialmente, la administración consideró eximir a ciudadanos estadounidenses del intercambio mediante un crédito fiscal, pero esa disposición fue eliminada para mantener estándares iguales para todos los participantes y simplificar la aplicación de la ley. Sin embargo, la demanda de los 20 estados presenta la acción como un exceso del gobierno federal, alegando que podría disuadir a inmigrantes de buscar atención médica, aunque sea financiada por el estado.
Pero los defensores argumentan lo contrario: que la falta de aplicación rigurosa y la ambigüedad legal solo incentivan el abuso y aumentan la carga sobre los residentes legales y los trabajadores estadounidenses.
La medida, alineada con el esfuerzo del presidente Trump por reafirmar las leyes migratorias federales y restaurar la responsabilidad fiscal, promete convertirse en un punto de conflicto clave en el debate sobre las políticas santuario estatales y la reforma de los beneficios sociales.
