Cuatro legisladores republicanos han presentado una demanda ante la Suprema Corte de California para detener el intento del gobernador Gavin Newsom de acelerar un referéndum que desmantele la comisión ciudadana de redistritación.
La Constitución estatal establece un periodo de 30 días de revisión antes de aprobar nuevas leyes, requisito que los demócratas en Sacramento habrían pasado por alto. “Es un esfuerzo deliberado por excluir a los votantes”, señaló la asambleísta Kate Sánchez.
El debate va más allá de un enfrentamiento partidista: expertos en derecho electoral advierten que el plan de Newsom contradice directamente lo votado por los californianos en 2008 y 2010, cuando se blindó el proceso de redistritación para evitar manipulaciones políticas. Intentar revertir esa decisión podría ser interpretado como una violación a la voluntad popular.
Mientras la oposición lo acusa de romper candados constitucionales diseñados para frenar abusos, Newsom sostiene que su propuesta es “transparente y democrática”. El caso se perfila para resolverse en tribunales y será una prueba clave sobre hasta dónde puede llegar el gobernador en medio de un escenario electoral nacional.
