Los proyectos de ley de Tom Umberg buscan financiar programas de tratamiento mientras aumentan los costos judiciales y carcelarios.
El senador estatal Tom Umberg (D-Santa Ana) está promoviendo nueva legislación para enfrentar el aumento de costos y las demandas al sistema judicial que ha generado la Proposición 36, aprobada por los votantes en 2024. Esta medida reestablece sanciones más estrictas para delitos de drogas y robos, revocando partes de la Prop. 47, pero sin incluir los recursos necesarios para aplicarla.
La Prop. 36 exige ahora que algunos acusados de posesión de drogas ingresen a tratamiento o enfrenten penas de cárcel, lo que ha incrementado la presión sobre los tribunales, cárceles y presupuestos locales.
En respuesta, Umberg presentó los proyectos SB-28 y SB-38, que ampliarían los tribunales de drogas en todo el estado y garantizarían evaluaciones adecuadas para quienes califican. El SB-38 permitiría redirigir ahorros existentes de la Prop. 47 para financiar programas de salud mental y tratamiento de adicciones relacionados con estos tribunales.
“Los tribunales de drogas ayudan a reducir la reincidencia y permiten que las personas retomen el rumbo,” dijo Umberg, destacando su impacto en la seguridad pública y el ahorro a largo plazo.
El presupuesto propuesto por el gobernador Gavin Newsom no incluye fondos directos para implementar la Prop. 36, dejando que los condados asuman los costos. Aunque se mencionan $91.5 millones en ahorros de la Prop. 47, críticos advierten que el estado está trasladando la carga a gobiernos locales ya saturados.
En Orange County, las autoridades de salud han gastado más de $150,000, principalmente de fondos de acuerdos por opioides, en evaluaciones y servicios. Hasta mediados de mayo, 82 personas han ingresado a tratamiento, aunque los recursos limitados están generando demoras.
El concejal de Santa Ana, Ben Vazquez, quien antes se oponía a la Prop. 36, ahora respalda el esfuerzo de Umberg para reducir la población carcelaria y abordar la adicción de forma temprana, antes de que se convierta en una amenaza mayor a la seguridad pública.
Sin fondos adecuados, el Consejo Judicial del Estado estima que los tribunales de drogas podrían costar más de $17.5 millones al año. Umberg sostiene que una inversión inicial en programas con enfoque de responsabilidad protegerá la seguridad pública y ahorrará recursos a largo plazo.
