El proceso podría demorar semanas o incluso meses, y no está claro cuánta información relevante contiene el material solicitado.
El presidente Donald Trump instruyó a la fiscal general Pam Bondi a solicitar a una corte federal la desclasificación de los testimonios del gran jurado relacionados con el caso del fallecido financista Jeffrey Epstein. La decisión llega en medio de una creciente presión pública —incluida la de sus propios simpatizantes— para aumentar la transparencia en una investigación que sigue generando controversia.
“Dada la cantidad de atención que ha recibido Epstein, le he pedido a la fiscal general que produzca cualquier testimonio relevante del gran jurado, sujeto a aprobación judicial”, escribió Trump en su red social, calificando la cobertura del caso como un “fraude perpetuado por los demócratas”.
Minutos después, Bondi anunció en X que está lista para presentar la moción ante el tribunal. El Departamento de Justicia formalizó la solicitud el 18 de julio, argumentando que el “amplio interés público” justifica la apertura de los documentos, siempre y cuando se proteja la identidad de las víctimas.
Aunque los testimonios de los grandes jurados suelen mantenerse confidenciales bajo las normas federales, el gobierno solicitó que se levanten las órdenes de protección existentes en los casos de Epstein y su colaboradora, Ghislaine Maxwell, considerados de alto interés público.
El anuncio ocurre tras la publicación de un memorando del Departamento de Justicia y el FBI que concluyó que Epstein no poseía una lista de clientes comprometedores ni fue asesinado, sino que se suicidó. La falta de nuevas revelaciones generó críticas incluso dentro del movimiento MAGA, cuya presión fue clave en este giro de la administración Trump.
Además, el presidente presentó una demanda por difamación contra The Wall Street Journal, Rupert Murdoch y otros, tras un reportaje que mencionaba una supuesta carta de cumpleaños que Trump habría enviado a Epstein en 2003. Trump niega haber escrito la misiva y exige $10 mil millones en compensación.
La decisión final sobre la desclasificación recae ahora en un juez federal. Expertos legales advierten que el proceso podría demorar semanas o incluso meses, y que no está claro cuánta información relevante contiene el material solicitado. Algunas víctimas o personas vinculadas al caso podrían oponerse a su publicación por razones de privacidad.
A pesar de las incógnitas, Trump ha decidido responder a la presión interna con un gesto simbólico que reaviva el debate sobre uno de los casos más turbios y persistentes en la política y justicia estadounidense.
