En su segundo mandato Trump firmó una orden ejecutiva que exige prueba documental de ciudadanía para registrarse como votante.
El presidente Donald Trump anunció que firmará una nueva orden ejecutiva con la que busca “garantizar honestidad” en las elecciones legislativas de 2026, cuando los republicanos intentarán conservar su mayoría en el Congreso. La medida apunta a restringir el voto por correo y a reducir el uso de máquinas electrónicas de votación.
En un mensaje publicado en Truth Social, Trump aseguró que las boletas enviadas por correo y las máquinas electrónicas son “costosas y poco confiables” en comparación con el voto en papeleta de papel con marcas de agua, que, según él, ofrece mayor seguridad y claridad en los resultados.
El mandatario también señaló que la medida encontrará resistencia en el Partido Demócrata, pero la enmarcó como parte de un esfuerzo mayor para devolver confianza al sistema. Para reforzar su postura, citó ejemplos internacionales: países como Francia, Italia, Portugal y Suecia han restringido o prohibido el voto postal, mientras que en Estados Unidos las reglas varían según el estado y en muchos casos permiten mayor flexibilidad, como contar boletas que llegan después del día de la elección.
No es la primera vez que su administración impulsa cambios de este tipo. Tras asumir su segundo mandato, Trump firmó una orden ejecutiva que exige prueba documental de ciudadanía para registrarse como votante, retira fondos federales a los estados que aceptan boletas enviadas después del día de la elección y amplía el acceso de las autoridades estatales a bases de datos federales para depurar registros. Además, instruyó al Departamento de Justicia a dar prioridad a la aplicación de leyes relacionadas con el proceso electoral.
Uno de los puntos que genera mayor debate es la interpretación del papel de los estados en la organización de los comicios. Trump sostiene que actúan como “agentes” del gobierno federal y que, por tanto, deben ajustarse a las disposiciones presidenciales. Sin embargo, la Constitución otorga a los estados la autoridad principal para definir las “fechas, lugares y manera” de realizar las elecciones, reservando al Congreso un rol limitado de supervisión en casos específicos. Esa diferencia de visiones anticipa potenciales controversias legales y políticas.
El trasfondo de la propuesta es estratégico. Las elecciones intermedias de 2026 serán determinantes para la agenda presidencial y para la correlación de fuerzas en Washington. Los republicanos buscan consolidar su control legislativo, mientras que los demócratas intentarán recuperar escaños clave. En ese escenario, la narrativa sobre la integridad electoral se convierte en un tema de alto voltaje político.
Con este anuncio, Trump refuerza una línea discursiva que lo ha acompañado desde 2020: la idea de que el voto por correo debilita la confianza ciudadana. Aunque organismos electorales y tribunales han rechazado repetidamente esa acusación, la Casa Blanca apuesta a mantener el tema en el centro del debate rumbo a los próximos comicios.
