La compañía lo ha comenzado a implementar en Los Ángeles, San Francisco y Detroit.
Uber vuelve a encender alarmas legales y sociales. La empresa lanzó un programa piloto llamado “Women Preferences”, que permite a conductoras solicitar viajes solo con pasajeras, y a estas elegir choferes mujeres, incluso en horarios nocturnos de alta demanda. Lo que en apariencia es un gesto para dar seguridad y confianza a las usuarias podría convertirse en un nuevo frente judicial para la compañía: especialistas señalan que se trata de discriminación de género prohibida por la ley.
El debate no es menor. Uber, con sede en California, está sujeta al Unruh Civil Rights Act, que obliga a todos los negocios abiertos al público, desde hoteles hasta plataformas digitales, a tratar por igual a clientes y usuarios, sin importar sexo, raza, religión o discapacidad. A nivel federal, la Ley de Derechos Civiles de 1964 también marca límites: aunque el Título II no incluye el sexo como categoría protegida en espacios públicos, el Título VII sí prohíbe la discriminación por género en el empleo. Así, un conductor hombre al que no se le dé la opción de seleccionar pasajeras podría reclamar trato desigual ante los tribunales.
La ironía es que Uber presume haber probado este sistema en países como Arabia Saudita, donde las mujeres obtuvieron el derecho a conducir apenas en 2019 y a votar en 2015. Allí, la opción fue “bien recibida”. Pero lo que puede funcionar en un entorno con fuertes restricciones para las mujeres podría ser ilegal en Estados Unidos, donde la igualdad ante la ley no admite excepciones de este tipo.
No sería la primera vez que la empresa enfrenta acusaciones por violar derechos civiles. En 2017 pagó 4,4 millones de dólares para cerrar una demanda colectiva por no frenar el acoso sexual de choferes hacia pasajeras. Ese mismo año, la ingeniera Susan Fowler expuso públicamente un entorno laboral plagado de discriminación y hostigamiento. En 2021, el Departamento de Justicia demandó a Uber por cobrar tarifas extra a usuarios con discapacidad, lo que llevó a otra costosa compensación.
Con este historial, su nuevo programa parece un terreno minado. La compañía lo ha comenzado a implementar en Los Ángeles, San Francisco y Detroit, asegurando que responde a “años de pruebas y retroalimentación” en otros mercados. Sin embargo, la intención de ofrecer “más confianza y flexibilidad” a las mujeres choca con una realidad jurídica: las empresas no pueden privilegiar ni excluir clientes por características protegidas.
En el fondo, la iniciativa reabre una tensión clásica: cómo equilibrar la seguridad de las mujeres en espacios públicos con el principio de igualdad legal. Uber ha optado por una vía que puede terminar en tribunales antes de consolidarse en el mercado. Y si los jueces dictan que se trata de discriminación, la factura para la empresa podría ser tan elevada como previsible.
Aun así, para muchas pasajeras y conductoras, la medida representa un alivio tangible: más control sobre con quién comparten el trayecto, mayor sensación de seguridad y la posibilidad de ganar ingresos en horarios que antes evitaban. Y en una industria donde la confianza es clave, ese beneficio inmediato podría ser difícil de ignorar.
