La administración de Amezcua ha colaborado con organizaciones locales para difundir información legal, entregar recursos básicos y coordinar esfuerzos de asistencia.
Santa Ana ha intensificado su postura frente a las recientes redadas de ICE que han generado preocupación entre residentes y organizaciones comunitarias. La alcaldesa Valerie Amezcua, en respuesta a las críticas, ha tomado una serie de medidas que buscan reforzar el compromiso de la ciudad como jurisdicción santuario, aunque no ha sido inmune al escrutinio público.
Amezcua reiteró que Santa Ana no coopera con las autoridades migratorias y que la policía local no participa en operativos federales. Aun así, tras los operativos realizados en junio, surgieron reclamos por lo que muchos consideraron una reacción institucional tardía. En una sesión del concejo el 17 de junio, varios residentes expresaron su inconformidad y pidieron mayor visibilidad y liderazgo de parte de la alcaldesa.
En respuesta, el gobierno local aprobó el 8 de julio una resolución formal para exigir la retirada de ICE y otras agencias federales del territorio municipal. La ciudad también activó un fondo de emergencia de $100,000 para apoyar a familias afectadas por las redadas, y presentó una solicitud bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en inglés) para obtener detalles sobre las operaciones de ICE en Santa Ana durante el primer semestre del año.
La administración de Amezcua ha colaborado con organizaciones locales para difundir información legal, entregar recursos básicos y coordinar esfuerzos de asistencia. Además, el 17 de julio Santa Ana se convirtió en la primera ciudad del condado de Orange en sumarse como co-demandante a una demanda federal contra ICE, buscando frenar operativos que, según la demanda, violan derechos constitucionales.
Si bien estas acciones han sido bien recibidas por algunos sectores, el episodio dejó en evidencia las tensiones que enfrentan las ciudades santuario cuando se ven forzadas a responder a operativos federales sin previo aviso ni coordinación. Para Amezcua, el reto ha sido equilibrar el discurso institucional con las expectativas de una comunidad que exige respuestas rápidas, claras y firmes.
En un contexto donde las políticas migratorias federales vuelven a ocupar un lugar central en la agenda nacional, el caso de Santa Ana pone de relieve la participación y los límites de los gobiernos locales a la hora de proteger a sus comunidades. La experiencia de Amezcua podría marcar el camino para otras ciudades que enfrentan dilemas similares en un clima político cada vez más polarizado.
