Organizaciones y especialistas han advertido que la transición tecnológica también ha generado preocupaciones sobre tarifas, fallas técnicas y pérdida de información personal.
NEW: California gave taxpayer-funded tablets to every state prisoner—including child predators.
Prisoners turned them into their personal sex machines, watching pornography and engaging in explicit conversations.
“I would bet my pension that there’s a vast amount of childhood…
— City Journal (@CityJournal) May 13, 2026
California continúa expandiendo el uso de tabletas electrónicas dentro de su sistema penitenciario, una iniciativa que autoridades estatales han presentado como parte de un enfoque orientado a la rehabilitación, la comunicación familiar y la modernización de las cárceles. Sin embargo, el programa también ha generado cuestionamientos relacionados con costos, contenido permitido y posibles riesgos de seguridad.
El sistema penitenciario estatal inició la transición hacia una nueva generación de tabletas digitales bajo un contrato de aproximadamente 189 millones de dólares con la empresa Securus, que reemplazó a la compañía Viapath tras un proceso de licitación y disputas legales entre ambas empresas. Según un reportaje de CalMatters, el cambio ha provocado retrasos, problemas técnicos y críticas por algunos cobros aplicados inicialmente a los mensajes electrónicos enviados desde prisión.
El Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California ha señalado que las nuevas tabletas buscan facilitar llamadas, videollamadas, mensajería electrónica y acceso a contenido educativo, además de reducir tensiones dentro de los centros penitenciarios. Personas encarceladas entrevistadas por CalMatters señalaron que los dispositivos han ayudado a disminuir conflictos relacionados con el acceso limitado a teléfonos públicos y permitieron mayor contacto con familiares.
Aun así, organizaciones y especialistas han advertido que la transición tecnológica también ha generado preocupaciones sobre tarifas, fallas técnicas y pérdida de información personal almacenada en los dispositivos anteriores, incluyendo fotografías, mensajes y videos familiares. Usuarios dentro de las prisiones indicaron que gran parte de ese contenido no podrá transferirse al nuevo sistema.
El debate tomó un giro más amplio después de que un reportaje publicado por City Journal examinara denuncias sobre presunto uso indebido de las tabletas por parte de algunos internos condenados por delitos graves. El artículo incluye testimonios de reclusos y exfuncionarios que aseguran que ciertos usuarios han utilizado los dispositivos para acceder a contenido sexual explícito o mantener conversaciones inapropiadas mediante videollamadas y mensajes.
El Departamento de Correcciones respondió a City Journal señalando que las tabletas funcionan como herramientas educativas y de reinserción social, y que existen controles para restringir contenido prohibido. No obstante, el reportaje también menciona preocupaciones expresadas por exfuncionarios penitenciarios sobre la dificultad de monitorear miles de dispositivos dentro del sistema carcelario estatal.
Mientras continúan las discusiones sobre rehabilitación, costos y supervisión tecnológica, los legisladores estatales también han planteado propuestas para ampliar el acceso gratuito a servicios de comunicación digital dentro de las prisiones, argumentando que mantener vínculos familiares puede favorecer procesos de reintegración social.
